El coordinador parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira Valdez, advirtió que la inseguridad es un problema de Estado que debe atenderse con unidad entre los tres órdenes de gobierno, más allá de ideologías o partidos. Durante su participación en el Parlamento Juvenil de la Red Juvenil por México, presentó cifras del INEGI que indican que en 2024 se registraron 33 mil 241 homicidios, además de 3 mil 500 muertes clasificadas como “causa no determinada”.
Moreira subrayó que los hombres jóvenes son las principales víctimas y que el reclutamiento forzoso afecta a entre 145 mil y 200 mil menores en el país, según redes de derechos de infancia. Advirtió que la falta de armonización estadística y la subestimación de delitos, como homicidios y desapariciones, impiden dimensionar la magnitud del problema y dificultan las estrategias de seguridad.
En su intervención, señaló que la seguridad depende en buena medida de los gobiernos estatales y que la coordinación con la federación y municipios es esencial. Mencionó que durante su gestión en Coahuila se implementó un modelo de combate al crimen con enfoque multidimensional que incluyó fortalecimiento policial, prohibición de giros ligados a actividades ilícitas y programas de empleo, educación y deporte para alejar a jóvenes de las adicciones.
El legislador cuestionó la manipulación o subregistro de datos y pidió invertir en sistemas forenses para identificar cadáveres y recategorizar muertes no clasificadas. Recordó que la tasa nacional de homicidios es de 46 por cada 100 mil habitantes, con Colima, Morelos y Baja California como las entidades más violentas, mientras que Querétaro, Durango, Coahuila y Yucatán presentan los índices más bajos.
Sobre modelos extranjeros, descartó la viabilidad de una intervención militar de Estados Unidos y manifestó reservas sobre replicar en México la estrategia de seguridad del presidente salvadoreño Nayib Bukele, al considerar que implica riesgos de violaciones a derechos humanos.
Asimismo, llamó a proteger a los policías con un salario mínimo profesional y mejores condiciones laborales, al tiempo que rechazó que el aumento de penas sea la solución a la delincuencia. Propuso mantener a los grandes criminales en penales de alta seguridad y aplicar medidas preventivas desde el inicio de los gobiernos.
Finalmente, Moreira insistió en que el combate a la delincuencia requiere estadísticas confiables, comunicación efectiva de las acciones oficiales y liderazgo político que sume esfuerzos para enviar un mensaje de unidad a la ciudadanía y a los grupos delictivos.
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