El partido Acción Nacional presentó este lunes una denuncia penal contra la empresa Vector y su propietario Alfonso Romo, a raíz de acusaciones que vinculan a esa empresa con actividades de lavado de dinero supuestamente operadas desde la oficina presidencial bajo el mandato de Andrés Manuel López Obrador. El partido responsabiliza también a los titulares de Hacienda, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) por la falta de acción hasta recibir alertas del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
El PAN señaló que la UIF conocía del caso desde hace un año, pero “esperó hasta que el Tesoro de EE.UU. notificara a los mexicanos” antes de actuar. Según la denuncia, supuestos operadores del narco habrían ingresado “hasta la cocina de la Presidencia”, incluyendo personas cercanas a Bartlett Díaz y Alfonso Romo, quien fue nombrado por López Obrador.
En su escrito, el partido demanda que la Fiscalía General de la República (FGR) realice una investigación imparcial que profundice en el presunto lavado de dinero desde la Presidencia. Además, solicita la comparecencia inmediata de los titulares de Hacienda, UIF y CNBV para que respondan sobre la filtración de datos al Tesoro estadounidense.
Críticas a reformas antilavado
Los blindes también criticaron la reciente reforma antilavado, que amplía la supervisión a transacciones de criptomonedas, fideicomisos, bienes raíces y donativos a ONG, así como la definición de personas políticamente expuestas. Señalaron que estas normativas implican riesgo de intromisión sin control judicial y ponen una sobrecarga regulatoria sobre las MiPymes.
Expusieron que, bajo esas normas, un ciudadano que realice transacciones de 25 000 pesos en criptomoneda, o que rente un inmueble por 15 000 pesos, podría quedar sujeto a investigación, al igual que quienes donen 50 000 pesos a fundaciones o compren bienes inmuebles con fideicomisos por un millón de pesos.
Solicitud de Comisión Especial
Finalmente, el PAN exigió la creación de una Comisión Especial de Investigación para esclarecer los supuestos vínculos entre el narco y la Presidencia, y responsabilizar a los implicados, incluyendo a los exfuncionarios y familiares mencionados en la denuncia.
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