La diputada federal Lorena Piñón Rivera acusó que la aprobación de la reforma contra el lavado de dinero constituye un avance hacia la instauración de un Estado policiaco en México. Durante su posicionamiento posterior a la votación en la Cámara de Diputados, sostuvo que la modificación legal otorga facultades amplias a la Secretaría de Hacienda para vigilar, fiscalizar y sancionar a ciudadanos y empresas sin orden judicial.
Piñón Rivera indicó que la reforma permite que las autoridades actúen con base en criterios que, afirmó, no están claramente definidos en la ley. “Los ciudadanos no están dispuestos a entregar su libertad a cambio de un supuesto orden. Lo que hoy se votó es una reforma de persecución con máscara de ley”, señaló.
La legisladora explicó que el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) ha emitido recomendaciones para fortalecer la prevención del lavado de activos, pero aclaró que estas deben aplicarse con “precisión legal” y no mediante disposiciones que puedan interpretarse de forma discrecional por la autoridad administrativa.
Impacto en pequeños negocios y ciudadanía
La diputada advirtió que la reforma puede afectar de manera significativa a comerciantes, emprendedores y profesionistas en estados como Veracruz, donde la actividad económica depende en gran medida de negocios familiares y pequeños establecimientos. Según dijo, existe el riesgo de que ciudadanos honestos sean considerados sospechosos y sujetos a sanciones administrativas.
“Nos quieren obligar a espiar a nuestros vecinos, a exigirle a un zapatero o a una tienda que investigue quién le compra, sin proporcionarles las herramientas, el tiempo o la autoridad moral necesaria”, expresó Piñón Rivera, quien consideró que la medida crea un sistema de vigilancia financiera que no distingue entre la actividad legal y las operaciones ilícitas.
La legisladora destacó que, bajo la dirección de Alejandro Moreno Cárdenas, el PRI sostuvo una postura unificada en contra de la reforma tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. Añadió que, mientras otras fuerzas políticas mostraron posturas divididas, su bancada se mantuvo firme en la defensa de lo que calificó como las libertades ciudadanas.
Finalmente, Piñón Rivera afirmó que el PRI continuará trabajando para revertir la reforma y cualquier medida que considere un retroceso en materia de derechos fundamentales. “Un gobierno que necesita espiar para gobernar ya perdió el derecho a hacerlo. Aunque hoy perdimos la batalla parlamentaria, la guerra por la libertad y la justicia apenas comienza”, concluyó.
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