Fuerzas de seguridad federales y estatales llevaron a cabo un operativo en Saltillo, Coahuila, que derivó en la detención de 11 personas y el aseguramiento de casi 2 millones de litros de hidrocarburo presuntamente robado. La acción es resultado de investigaciones que se intensificaron tras el decomiso de un buque con 10 millones de litros de combustible en Tampico, Tamaulipas, ocurrido el 29 de marzo de 2025.
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó en rueda de prensa que la operación incluyó el cateo de un predio utilizado como almacén y centro de operaciones logísticas para el transporte de combustible. En el sitio se recuperaron 63 mil litros de hidrocarburo durante el operativo de este sábado, sumados a los volúmenes previos incautados.
Durante el aseguramiento fueron localizados siete bombas, 11 ferrotanques, 20 pipas, siete tractocamiones y diversos contenedores empleados para el traslado y almacenamiento del producto. El predio quedó bajo custodia de las autoridades ministeriales.
García Harfuch indicó que la desarticulación de estas redes criminales impacta sus capacidades operativas y financieras, y refuerza el compromiso institucional en la lucha contra la impunidad. “En seguimiento a líneas de investigación, se realizó este cateo en Saltillo, donde se recuperaron casi dos millones de litros de hidrocarburo”, detalló.
El fiscal general del estado, Federico Fernández Montañez, destacó que el operativo se efectuó mediante la coordinación entre instancias federales y estatales. “Esto es un trabajo entre todos. Ejército Mexicano, Marina Armada de México y la Guardia Nacional. Trabajamos siempre coordinados con la Secretaría de Seguridad Pública de Coahuila y los municipios”, afirmó.
Las 11 personas detenidas fueron puestas a disposición del Ministerio Público Federal, que determinará su situación jurídica en las próximas horas. El aseguramiento de esta red forma parte de los operativos desplegados en diversas entidades para combatir el robo de hidrocarburos, delito que afecta a la industria energética y a las finanzas públicas.
De acuerdo con las autoridades, las investigaciones continuarán para identificar posibles vínculos con otras organizaciones dedicadas a actividades similares en el país.
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