La Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular el dictamen que expide la nueva Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con 445 votos a favor, 37 en contra y cero abstenciones. La norma busca establecer un marco actualizado para la integración, organización y funcionamiento del sistema, y fue remitida al Senado de la República para su revisión constitucional.
La nueva legislación, derivada de una iniciativa de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, abroga la ley vigente desde 2009. Establece que la seguridad pública será una función del Estado ejercida por la Federación, entidades federativas y municipios, bajo principios como legalidad, eficiencia, profesionalismo y respeto a los derechos humanos.
Estructura y objetivos del Sistema Nacional
El Sistema Nacional de Seguridad Pública será un conjunto articulado de instituciones, normas, procesos y servicios enfocados en prevenir el delito, investigar y sancionar infracciones, y garantizar la reinserción social. La ley incorpora mecanismos de coordinación, como el Consejo Nacional de Seguridad Pública, mesas de paz, conferencias nacionales y un Secretariado Ejecutivo.
Entre sus objetivos destaca la distribución de competencias entre los tres órdenes de gobierno, la profesionalización del personal policial, el fortalecimiento de mecanismos de vigilancia institucional y la creación de políticas de prevención de la violencia con enfoque de perspectiva de género e inclusión social.
Sistema Nacional de Información y participación ciudadana
Uno de los pilares de la ley es el Sistema Nacional de Información, que integrará bases de datos nacionales sobre armamento, detenciones, sentencias, vehículos robados, órdenes de protección, entre otros. Este sistema será regulado por el Secretariado Ejecutivo, y su información estará clasificada como reservada, con excepción de los datos requeridos por el INEGI para fines estadísticos.
Se contempla también que las instituciones de seguridad compartan y actualicen información diariamente, y que los Centros de Comando y Control operen con herramientas tecnológicas para coordinar la vigilancia y atención a emergencias, fortaleciendo la capacidad operativa de las autoridades.
Financiamiento y criterios de distribución
La ley establece que los Fondos de Ayuda Federal para la Seguridad Pública se distribuirán con base en criterios como incidencia delictiva, población y desarrollo institucional. Los recursos deberán emplearse exclusivamente en el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública y conforme a los objetivos del Sistema Nacional.
En un plazo de 60 días hábiles, la Secretaría de Gobernación deberá emitir un acuerdo para regular la operación de las mesas de paz, mecanismo clave de coordinación local y regional.
Discusión en lo particular
Durante la discusión en lo particular, el presidente de la Mesa Directiva, Sergio Gutiérrez Luna, informó que fueron reservados más de 60 artículos, incluyendo transitorios. Legisladoras y legisladores de Morena, PAN, PRI, PVEM, PT y MC presentaron propuestas de modificación; sin embargo, muchas fueron retiradas, insertadas en el Diario de los Debates o desechadas.
Con esta aprobación, la Cámara de Diputados avanza en la reconfiguración del marco jurídico en materia de seguridad pública, en espera del dictamen que emita el Senado.
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