Senado recibe minuta que transfiere funciones del CONEVAL al INEGI

Por: Redacción | 24 de junio de 2025, 2:48 pm CST

El Senado de la República recibió la minuta aprobada por la Cámara de Diputados mediante la cual se propone trasladar al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) las funciones actualmente en manos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL). La iniciativa fue remitida a las comisiones unidas de Bienestar y de Estudios Legislativos Primera, según confirmó el área de comunicación legislativa.

El proyecto de decreto plantea reformas a tres ordenamientos: la Ley General de Desarrollo Social, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Estas modificaciones permitirían que el INEGI asuma tareas como la medición de la pobreza, el seguimiento de la política de desarrollo social y la emisión de recomendaciones en esa materia.

De acuerdo con el contenido de la minuta, el INEGI deberá llevar a cabo estas funciones bajo los principios de independencia, objetividad, transparencia y rigor técnico, los cuales ya rigen sus procesos estadísticos y geográficos. Con ello, se busca garantizar continuidad metodológica y credibilidad en los resultados.

Reasignación de funciones y recursos

La iniciativa también contempla que el CONEVAL transfiera al INEGI los recursos presupuestarios, financieros y materiales, así como inmuebles, derechos y obligaciones asociados a las funciones reasignadas. Esto implicaría un proceso de transición administrativa, aunque el dictamen aclara que no se prevé un impacto presupuestario adicional.

Asimismo, se subraya que las reformas tienen como objetivo mantener intactos los derechos fundamentales de las personas beneficiarias de políticas sociales, quienes dependen de información objetiva para acceder a los programas gubernamentales.

La minuta fue recibida el día de ayer por el Senado y su análisis corresponderá a las comisiones dictaminadoras, quienes deberán revisar su viabilidad jurídica, presupuestaria y operativa antes de que el proyecto sea presentado en el pleno para su eventual aprobación.


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