La senadora Margarita Valdéz, presidenta de la Comisión de Gobernación del Senado, anunció modificaciones a la iniciativa presidencial sobre desaparición de personas, entre las que destaca la eliminación del plazo de 72 horas para iniciar una búsqueda formal. Los cambios responden a peticiones hechas por colectivos de madres buscadoras durante reuniones con autoridades en la Secretaría de Gobernación.
“Un ejemplo muy concreto: cuando se hace una denuncia, ya no vamos a esperar las 70 o 72 horas para iniciar la búsqueda de la persona, sino que será de inmediato», explicó la legisladora de Morena al detallar los ajustes acordados.
Además de ese cambio, Valdéz adelantó que se establecerá un mecanismo para que los gobiernos estatales apoyen de manera directa a los colectivos de búsqueda. La propuesta contempla recursos y apoyos logísticos para que las organizaciones civiles puedan continuar con su labor en coordinación con las autoridades locales.
“Probablemente, la forma en la que se difunda y se pida la ‘ayuda’ de la sociedad civil para encontrar a las personas desaparecidas será otro, los recursos y los apoyos a las organizaciones civiles de búsqueda serán a través de los gobiernos estatales”, puntualizó.
En cuanto al apartado de la iniciativa que establece la obligación de autoridades y particulares de entregar datos biométricos a las fiscalías, Valdéz señaló que este punto permanecerá sin cambios. La propuesta considera esta medida como parte de la estrategia para fortalecer las capacidades de búsqueda y localización.
La legisladora informó que los cambios finales serán enviados entre este jueves y viernes al Senado por la presidenta Claudia Sheinbaum, a través de la Secretaría de Gobernación o la Consejería Jurídica. Valdéz aseguró que convocará a la comisión correspondiente la próxima semana para dictaminar el proyecto.
El anuncio ocurre en el contexto de un periodo extraordinario aprobado por la Comisión Permanente del Congreso, en el que se discutirán 16 normas, entre ellas la “Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas” y la “Ley del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas”, impulsadas por la nueva administración federal.
La iniciativa también plantea el uso de la CURP como única fuente oficial de identidad, así como la creación de una “Plataforma Única de Identidad”, que conectará bases de datos como el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, el Banco Nacional de Datos Forenses y registros administrativos. El objetivo, de acuerdo con el proyecto, es facilitar la localización de personas desaparecidas a través de herramientas digitales interconectadas.
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