El programa “2-30-100” anunciado por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) plantea objetivos cuantitativos sin precedentes: 2 millones de cirugías, 30 millones de consultas de especialidad y 100 millones de consultas de medicina familiar para finales de 2025. Sin embargo, el plan ha generado cuestionamientos por parte de especialistas y legisladores que advierten sobre la falta de condiciones estructurales y operativas para cumplir dichas metas sin comprometer la calidad del servicio.
El diputado federal Éctor Jaime Ramírez Barba, médico cirujano y especialista en salud pública, señaló en su columna publicada en El Economista que el programa parece más un ejercicio de marketing político que una política pública sólida. “Más allá de los gráficos vistosos, lo que surge es una duda inquietante: ¿estamos frente a un verdadero esfuerzo de productividad institucional o ante una nueva simulación para encubrir la ineficiencia acumulada durante los últimos años?”, cuestionó.
Ramírez Barba destacó que el concepto de productividad no debe reducirse a la cantidad de servicios prestados, sino evaluarse con base en resultados en salud poblacional, continuidad en la atención y control efectivo de enfermedades crónicas. Advirtió que sin recursos humanos, financieros y materiales suficientes, el IMSS podría estar llevando a su personal médico al límite del agotamiento, incrementando riesgos de errores y retrasos quirúrgicos.
Según el legislador, los sistemas de salud no se fortalecen con acumulación de cifras, sino con calidad y oportunidad en la atención. “Más consultas sin diagnósticos acertados y sin seguimiento no significan necesariamente un avance”, señaló, al tiempo que planteó una serie de 15 interrogantes sobre la viabilidad operativa del programa, entre ellas el déficit de especialistas, el estado de la infraestructura hospitalaria y el acceso a medicamentos esenciales.
El programa se dio a conocer en el contexto de un supuesto “superávit” institucional, lo cual, según el diputado, no refleja eficiencia, sino posibles omisiones en el gasto necesario. “Si hay dinero, ¿por qué no se está usando para mejorar los servicios esenciales?”, cuestionó en su columna. Además, expresó preocupación por la falta de auditorías externas que validen la factibilidad del plan.
Entre las dudas planteadas, se incluyen aspectos como la interoperabilidad de historias clínicas electrónicas, la disponibilidad de quirófanos funcionales, la obsolescencia de equipos de diagnóstico y el impacto potencial en la calidad de atención por iatrogenias o complicaciones evitables.
El legislador advirtió que programas como el “2-30-100” podrían ser un distractor político que simula atención, pero no genera salud, y que en lugar de fortalecer la prevención y el enfoque integral del sistema, fragmentan aún más los servicios. “México necesita una política sanitaria seria, articulada y evaluable. No más simulaciones”, concluyó.
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