La Guardia Nacional no solo seguirá a cargo de labores de seguridad pública, sino que también participará en tareas de defensa exterior del país, de acuerdo con la iniciativa presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum, la cual será discutida en el próximo periodo ordinario de sesiones del Congreso, previsto para la primera semana de julio.
El proyecto contempla modificaciones a leyes vigentes desde hace más de 90 años, entre ellas el Código de Justicia Militar de 1933, para adecuarlas a la nueva función militar asignada a la Guardia Nacional. Estas reformas se derivan del decreto constitucional publicado el 30 de septiembre de 2024 que incorporó a dicha institución como parte de la fuerza armada permanente.
Cambios legales y atribuciones ampliadas
La iniciativa señala que los integrantes de la Guardia Nacional quedarán sujetos a la jurisdicción penal militar y podrán apoyar a las fuerzas armadas de guerra en tareas de seguridad interior y defensa exterior, “conforme lo disponga la persona titular del Ejecutivo Federal”, como se detalla en la página siete del documento.
Asimismo, se busca armonizar las leyes secundarias para incorporar penas más severas en casos como deserción en campaña o frente al enemigo, incluyendo castigos de hasta 60 años de prisión, como lo indica el artículo 272 de la propuesta. También se mantiene vigente el artículo 261 del Código de Justicia Militar, que prevé sanciones desde tres años de prisión para ciertos casos de deserción en tiempo de paz.
El artículo 265 estipula penas de ocho a diez años si la deserción implica la sustracción de armamento, caballos o embarcaciones, mientras que la fracción V del artículo 267 establece sanciones para oficiales que se alejen de sus unidades sin autorización. Por otra parte, el artículo 333 considera seis meses de prisión a quienes cometan saqueo contra la población civil durante operaciones.
Fortalecimiento institucional
De acuerdo con la propuesta, la Guardia Nacional continuará incrementando sus capacidades institucionales y estado de fuerza, en especial en zonas con altos índices delictivos o sin presencia policial. También se prevé su participación en tareas de inteligencia y coordinación con autoridades civiles de investigación y justicia.
El gobierno federal sostiene que estas reformas permitirán a la Guardia Nacional cumplir sus nuevas funciones sin dejar de lado su responsabilidad en seguridad pública, reforzando su despliegue territorial y la atención en comunidades afectadas por la violencia. La mayoría legislativa afín al Ejecutivo podría aprobar esta iniciativa en el próximo periodo ordinario.
Información relacionada
Descubre más desde
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.