El Partido Revolucionario Institucional (PRI) presentó ante el Instituto Nacional Electoral (INE) una impugnación contra la elección judicial celebrada el pasado 1 de junio, con la finalidad de solicitar su anulación. El recurso fue promovido por el presidente nacional del tricolor, Alejandro Moreno Cárdenas, en la modalidad de juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano.
En conferencia de prensa tras la entrega del documento, Moreno declaró que la elección judicial no fortaleció el Estado de derecho, sino que —según sus palabras— representó una imposición desde el poder. Aseguró que el partido está dispuesto a acudir a instancias internacionales, como la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
“El PRI presentará una petición formal ante estos organismos. Aportaremos pruebas, argumentos y elementos de convicción”, señaló el también senador. Indicó que entre las irregularidades más graves se encuentran el uso de “acordeones” —que calificó como propaganda encubierta—, y denunció que estos materiales vulneraron la libertad del voto y la equidad de la contienda.
Moreno Cárdenas responsabilizó al gobierno federal de promover un proceso que, en su opinión, “fue diseñado para excluir y favorecer al poder”. Atribuyó el nivel de abstencionismo a una combinación de factores como recortes presupuestales, inseguridad, exclusión territorial y manipulación informativa.
El dirigente nacional sostuvo que varios perfiles ganadores “hicieron campaña en eventos de Morena” y señaló que algunos han sido acusados públicamente de tener vínculos con el crimen organizado, aunque no detalló casos específicos ni presentó evidencia durante su declaración ante los medios.
Acompañaron a Alejandro Moreno en la presentación del recurso la secretaria general del PRI, Carolina Viggiano, así como los coordinadores parlamentarios Manuel Añorve (Senado) y Rubén Moreira (Cámara de Diputados), además de legisladoras y legisladores federales e integrantes del Comité Ejecutivo Nacional.
El presidente del PRI concluyó su posicionamiento asegurando que el partido “no se quedará callado ante un presunto fraude armado desde el poder” y afirmó que su instituto político defenderá la ley, la democracia y la dignidad de las instituciones ante lo que considera una distorsión de la voluntad ciudadana.
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