El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, afirmó que la Ley Anti Milpa debe ser un proceso regulatorio claro que sancione a quienes cometan actos irregulares en la administración pública. Durante la conferencia matutina que encabezó este miércoles, enfatizó que esta ley estará establecida en la Constitución estatal para garantizar el cumplimiento efectivo de las normas.
Armenta subrayó que donde exista corrupción se debe aplicar la ley con un sentido estricto y no político, y recalcó que su administración no tiene la intención de perseguir a personas, sino de promover valores y principios que regulen la convivencia social y el funcionamiento de las instituciones públicas. «Las leyes se crean para garantizar el funcionamiento de los órganos del Estado que sirven a la sociedad», indicó.
Como ejemplo de corrupción sistemática, el gobernador mencionó los llamados «donativos milpa» o «diezmos», y señaló que este tipo de prácticas afectan severamente las finanzas públicas y la confianza ciudadana. En particular, citó el caso del Museo Internacional del Barroco, que originalmente estaba presupuestado en 600 millones de pesos y finalmente costó más de 14 mil millones, lo que calificó como «una acción deliberada de saqueo institucional al amparo del poder».
El mandatario expresó que la corrupción, los abusos y excesos de poder son problemas recurrentes que deben ser combatidos de forma constante. Por ello, la Ley Anti Milpa buscará transparentar y regular los mecanismos de donación o financiamiento que históricamente han estado vinculados a prácticas ilícitas dentro del gobierno.
En cuanto a la función pública, Armenta señaló que el objetivo principal de los servidores públicos debe ser servir a la sociedad, no buscar beneficios personales durante los periodos de gobierno, ya sean sexenios o trienios. Esta declaración estuvo dirigida también a quienes aspiren a cargos como presidentes municipales o gobernadores.
Con esta iniciativa, el gobernador busca fortalecer el marco legal para evitar que prácticas corruptas vuelvan a reproducirse, estableciendo mecanismos claros para la regulación y sanción de irregularidades en la gestión pública en Puebla.
Finalmente, reiteró que la ley aplicará para todos los niveles de gobierno sin excepciones, con el fin de asegurar una administración pública transparente y responsable.
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