El diputado Rubén Moreira Valdez, coordinador del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en San Lázaro, presentó una iniciativa de reforma constitucional que busca establecer como derecho explícito de niñas y niños el acceso gratuito, universal y oportuno a las vacunas incluidas en el esquema nacional de vacunación. La propuesta consiste en adicionar un quinto párrafo al artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La modificación planteada busca que el Estado asuma como obligación prioritaria la garantía del suministro, aplicación y seguimiento de estas vacunas, en el marco de sus políticas de salud pública. De acuerdo con el legislador, aunque actualmente la Constitución establece el derecho general a la protección de la salud, no contempla de manera específica el acceso a la vacunación infantil como un derecho diferenciado.
En la exposición de motivos, Moreira Valdez argumentó que la vacunación ha sido una de las herramientas más eficaces en la historia de la medicina para controlar y erradicar enfermedades que en el pasado generaban altas tasas de mortalidad infantil y graves afectaciones económicas. No obstante, advirtió que las coberturas de vacunación han disminuido en México durante los últimos años, lo que representa un riesgo para los sectores más vulnerables.
El diputado señaló que los programas nacionales de inmunización han contribuido a logros importantes como la erradicación de la poliomielitis en 1990 y la eliminación del sarampión endémico en 2016, según datos del Instituto Nacional de Salud Pública. Estas acciones han permitido reducir en más de 90% la mortalidad infantil asociada a enfermedades inmunoprevenibles.
Actualmente, la Ley General de Salud contempla la gratuidad de las vacunas, pero este derecho no está consagrado en la Constitución. Según Moreira, esta omisión crea una vulnerabilidad estructural que podría afectar el acceso universal, especialmente en contextos de crisis o recortes presupuestales.
La iniciativa, que fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales, propone reforzar el principio del interés superior de la niñez como eje rector de las políticas públicas en salud, al incluir con claridad en la Carta Magna la responsabilidad estatal en materia de vacunación infantil.
Finalmente, Moreira enfatizó que garantizar este derecho contribuirá a reducir desigualdades, prevenir brotes epidémicos y fortalecer la resiliencia del sistema nacional de salud. Aseguró que asegurar el acceso oportuno a las vacunas permitirá que las futuras generaciones crezcan en condiciones de mayor equidad y salud.
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