El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, anunció que solicitará auditorías a diversas obras realizadas en administraciones anteriores, como parte de su compromiso con la transparencia, la rendición de cuentas y el combate a la corrupción.
Durante un acto público, el mandatario estatal informó que presentará una solicitud formal a la Secretaría de Finanzas, a la Secretaría de Buen Gobierno y a la Fiscalía estatal para iniciar una auditoría al proyecto del Teleférico. La medida responde a la exigencia ciudadana de esclarecer presuntas irregularidades en obras como el Museo Internacional del Barroco y el caso financiero relacionado con Banco Accendo.
“Ya basta de que sigan saqueando”, expresó Armenta, al señalar que las obras públicas deben servir a la población y no responder a intereses personales o políticos.
El titular del Ejecutivo estatal reiteró que su gobierno no permitirá obras con sobrecostos ni proyectos impulsados por motivaciones personales. En ese sentido, afirmó que ningún proyecto de su administración incluirá monumentos con dedicatorias personales ni generará deuda injustificada.
“A mí me daría vergüenza poner mi nombre en un monumento, no somos emperadores. Puebla es lo que nos debe llenar de orgullo”, agregó.
Cablebús, con aval federal y sin deuda
En contraste con los proyectos anteriores, el gobernador confirmó la continuidad del Cablebús, una obra que, dijo, busca garantizar movilidad digna y justicia social para las zonas más marginadas de la capital poblana.
El proyecto, señaló Armenta, se ejecutará sin moches, sin deuda y con respaldo técnico y financiero del gobierno federal encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, así como del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), dada la cercanía de las obras con zonas de valor patrimonial.
“El Cablebús va porque busca conectar las zonas más empobrecidas de Puebla, respetando la zona monumental y trabajando en coordinación con el INAH. Es una obra de movilidad digna, no un capricho personal”, concluyó.
El gobernador reiteró que su administración mantendrá una política de cero tolerancia a la corrupción y al abuso del poder, como parte de una agenda de gobierno basada en la legalidad, la inclusión y el desarrollo regional.
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