El coordinador del grupo parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira Valdez, calificó como un “revés narrativo” la decisión de la Suprema Corte de Estados Unidos de desechar la demanda interpuesta por el gobierno mexicano contra fabricantes de armas, pero advirtió que el verdadero problema radica en la falta de control fronterizo por parte de las autoridades mexicanas.
Durante un encuentro con medios de comunicación este 5 de junio, Moreira reconoció que el tráfico de armas estadounidenses es un grave problema para la seguridad nacional, aunque cuestionó que el gobierno de México haya utilizado esa demanda como una forma de eludir su propia responsabilidad. “Esa narrativa ya se acabó. El gobierno debe hacer todo lo posible para que el armamento americano no entre a nuestro país”, afirmó.
El legislador priista propuso que, en el marco del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), se abra un diálogo para crear un acuerdo trilateral de seguridad que integre los temas de armas, drogas y cooperación fronteriza. “Así como a ellos les afecta el tema de las drogas, también debe discutirse el tema de las armas”, apuntó.
Moreira criticó la política de seguridad heredada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador a la administración entrante de Claudia Sheinbaum. Señaló que la Secretaría de Seguridad está “sin efectivos” y consideró que la falta de acción diplomática de la Cancillería ha debilitado la voz de México en el escenario internacional.
Al ser cuestionado sobre si el PRI apoyaría al Ejecutivo para acudir a tribunales internacionales, el legislador indicó que es una decisión que debe consultarse al interior del partido. No obstante, reiteró que “es difícil acompañar al gobierno mexicano cuando no escucha a las oposiciones”.
Sobre la reciente elección judicial impulsada por Morena, Rubén Moreira adelantó que su partido presentará una impugnación para anular el proceso, argumentando violaciones legales como el uso de “acordeones”, la baja participación y la presunta intromisión de gobernadores. “Fue una elección de Estado”, afirmó.
Finalmente, el coordinador del PRI calificó como “ilegítimos” a los jueces y magistrados electos en entidades como Jalisco, donde la participación habría sido tan baja que, según sus estimaciones, menos del 2% del electorado sufragó para cargos judiciales clave. Señaló que deben revisarse los mecanismos de elección para garantizar representatividad y legalidad.
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