El diputado federal de Morena, Ernesto Prieto Gallardo, fue acusado de condicionar el pago de una pensión alimentaria mínima a la madre de su hija a cambio de una disculpa pública en medios de comunicación, según declaró la mujer, identificada como “Liz”, ante el medio Latinus.
Durante una audiencia judicial en Chihuahua, Liz aseguró que el legislador le pidió retractarse de las denuncias que ha realizado, incluyendo una de abuso sexual, bajo el argumento de que “todo había sido una mentira” motivada por opositores políticos. Agregó que el legislador condicionó el pago de 8 mil pesos mensuales a que ella ofreciera una disculpa pública, específicamente en Latinus.
La mujer rechazó el ofrecimiento y abandonó la audiencia. “Me levanté de la mesa y le dije que primero muerta antes que retractarme, ya que todo lo que había salido en los medios de comunicación y en Latinus era verdad y había evidencia contundente de ello”, expresó. Liz presentó su denuncia inicial el pasado 26 de febrero.
Ernesto Prieto negó públicamente las acusaciones en una conferencia de prensa realizada el 20 de marzo. En esa ocasión, mostró documentos en los que afirma haber pagado una pensión de 39 mil pesos mensuales. No obstante, Liz compartió sus estados de cuenta con Latinus, donde consta que en los últimos diez meses sólo ha recibido depósitos por 8 mil pesos mensuales.
Según la madre de la menor, el legislador no sólo se ha negado a pagar la pensión retroactiva, que cubriría dos años y medio, sino que también ha desestimado los gastos médicos especiales requeridos por la hija de ambos, quien padece la enfermedad de Hirschsprung, una afección intestinal crónica.
Durante la audiencia, se acordó que el próximo 30 de mayo el diputado federal deberá someterse a una prueba de ADN. Liz señaló que Prieto Gallardo advirtió que, en caso de confirmarse su paternidad, solicitará la patria potestad de la menor ante tribunales.
Además, la mujer denunció que el legislador amenazó con presentar una demanda contra la activista Diana Luz Vázquez, promotora nacional de la Ley Sabina, por haberla apoyado públicamente. También indicó que él advirtió que tomaría acciones legales en su contra si continuaba con el proceso judicial.
Hasta el momento, el diputado Prieto Gallardo no ha emitido una nueva declaración sobre estos señalamientos. La audiencia para la prueba de paternidad se mantiene programada para el 30 de mayo.
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