Un Tribunal Federal concedió un amparo al dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno Cárdenas, conocido como ‘Alito’, y ordenó dejar sin efecto el oficio que dio origen a la alerta migratoria emitida en su contra en 2022, relacionada con una investigación por presunto enriquecimiento ilícito en Campeche.
La resolución fue emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal en la Ciudad de México. El magistrado Constancio Carrasco Daza propuso conceder la protección judicial al líder del PRI, propuesta que fue respaldada por los magistrados Concepción Marisol Ocampo Torres y José Rogelio Alanís García.
Durante la sesión, el tribunal se apartó del sobreseimiento dictado en primera instancia por un juez de amparo, quien consideró que los actos reclamados eran consumados y no afectaban el interés jurídico del quejoso. En cambio, Carrasco Daza planteó que el oficio carecía de una fundamentación y motivación suficientes para justificar la emisión de la alerta migratoria.
“El oficio fue apoyado en una carpeta de investigación, sin que se advierta en el documento datos más allá de esta afirmación”, argumentó el magistrado. En consecuencia, el tribunal propuso revocar el sobreseimiento y dejar sin efecto tanto el oficio como los actos derivados del mismo.
La alerta migratoria fue activada en julio de 2022, cuando Alejandro Moreno fue retenido durante más de una hora en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México tras arribar en un vuelo procedente de Francia. El priista acusó entonces una persecución política en su contra.
Francisco Garduño, comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM) en ese momento, declaró que la revisión migratoria a Moreno fue parte de un “protocolo normal”, realizado a petición de autoridades de Campeche. Ese mismo día, la Fiscalía estatal cateó una propiedad vinculada al político.
La investigación en su contra se abrió por presuntos delitos relacionados con enriquecimiento ilícito. Hasta la fecha, Alejandro Moreno ha rechazado las acusaciones y ha calificado las acciones legales como un intento de intimidación política.
Con esta resolución, el tribunal federal establece que no existieron fundamentos jurídicos suficientes para justificar la restricción migratoria, lo que representa un revés para la Fiscalía campechana en este caso.
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