El vicecoordinador del Grupo Parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados, Federico Döring Casar, solicitó que la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, se separe temporalmente de su cargo mientras se esclarecen las razones por las cuales el Gobierno de Estados Unidos le habría retirado la visa a ella y a su esposo, Carlos Torres.
La declaración se dio desde el Palacio Legislativo de San Lázaro, en donde el legislador panista argumentó que la situación podría representar un riesgo para la gobernabilidad en un contexto delicado, tanto por las relaciones bilaterales como por la incertidumbre generada por presuntas investigaciones del Departamento de Justicia estadounidense. “No es momento para que el Gobierno Federal mantenga en funciones a una mandataria que ya está en la mira por imputaciones de lavado de dinero”, afirmó.
Döring planteó que la posible separación del cargo sería una medida responsable para permitir que la gobernadora resuelva cualquier señalamiento sin que ello impacte negativamente en la administración estatal. “Si todo lo logra solventar, que regrese a su cargo; si no, que le deje la oportunidad a alguien que no tenga la sombra de la sospecha”, señaló.
Durante su intervención, el legislador también se refirió a supuestos vínculos del cuñado de la mandataria, Luis Torres, con redes de tráfico de combustibles. Afirmó que existen reportes que vinculan a Torres con un agente aduanal involucrado en operaciones de huachicol, lo que, según dijo, facilitaría rastrear el presunto origen ilícito de recursos financieros.
Asimismo, Döring denunció un presunto encubrimiento legislativo que impediría a las y los secretarios de gobierno rendir cuentas en temas relacionados con delitos fiscales y crimen organizado. Mencionó operaciones de exportación irregular de petróleo desde puertos mexicanos hacia países como Belice, Japón e India, con documentación falsa. “El huachicol fiscal es la manifestación más tangible de la alianza entre Morena y el crimen organizado”, acusó.
Al ser cuestionado sobre las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien manifestó no tener información sobre la situación migratoria de la gobernadora, Döring afirmó que el silencio oficial es una señal de ocultamiento. “Si fuera una falta administrativa menor, no implicaría el congelamiento de cuentas”, dijo, aludiendo a la presunta existencia de sanciones financieras contra Ávila Olmeda.
El diputado también criticó que ni la presidenta ni el canciller se hayan pronunciado oficialmente sobre el caso. “Si es inocente, ¿por qué el Canciller no ha salido a defenderla?”, cuestionó. Asimismo, consideró grave que el Gobierno Federal no hubiera informado sobre la entrega de 17 familiares de Joaquín “El Chapo” Guzmán al Gobierno de Estados Unidos, hecho reportado el fin de semana anterior.
Finalmente, al referirse a los conversatorios en el Senado para revisar la ley de telecomunicaciones, Döring calificó el proceso como “una puesta en escena” para eliminar el artículo 109 sin abordar otros elementos restrictivos de la libertad de expresión. Enfatizó la necesidad de enfocarse en la regulación de contenidos propagandísticos y no en limitar transmisiones extranjeras o en vivo no autorizadas, como lo establece el artículo 201 del proyecto de reforma.
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