Durante el primer conversatorio legislativo sobre la iniciativa presidencial en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, senadoras del Partido Revolucionario Institucional (PRI) rechazaron la propuesta al considerarla un intento por concentrar el poder en el Ejecutivo, eliminar organismos autónomos y restringir la libertad de expresión.
La senadora Carolina Viggiano Austria criticó la ausencia de José Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y responsable directo de la iniciativa, a quien exigió comparecer ante el Congreso. “Sin su presencia, este debate carece de legitimidad”, expresó la legisladora, al señalar que la reforma elimina contrapesos institucionales como el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y el Instituto Nacional de Transparencia (INAI).
La senadora Claudia Anaya Mota alertó sobre el uso que el gobierno federal estaría haciendo de la empresa ALTÁN, operada por la Comisión Federal de Electricidad (CFE), para competir comercialmente en la venta de servicios de internet sin licitación ni pago por el uso del espectro. “¿No está generando una distorsión en el mercado el hecho de que CFE, a través de ALTÁN, está vendiendo internet al público?”, cuestionó Anaya.
Anaya también señaló que el Ejecutivo federal busca absorber funciones regulatorias que corresponden constitucionalmente al IFT, al tiempo que participa en el mismo mercado que debería supervisar. “La agencia reguladora es parte del Ejecutivo, que también es dueño del espectro y ahora pretende usarlo con fines comerciales”, dijo.
De acuerdo con las legisladoras, la propuesta vulnera derechos fundamentales al permitir que el gobierno federal controle de forma directa la asignación del espectro, las concesiones y las políticas de conectividad, lo que afectaría directamente a medios independientes, a la ciudadanía y a los actores del sector.
Durante el foro, representantes de medios, organizaciones civiles y especialistas respaldaron los señalamientos del PRI y advirtieron que la iniciativa representa un retroceso en términos de libertad de expresión y pluralismo informativo. Entre las preocupaciones expresadas se encuentra el riesgo de que los medios comunitarios sean excluidos por exigencias económicas difíciles de cumplir.
Los participantes del foro coincidieron en que la reforma legaliza mecanismos de censura, concentra el control del ecosistema digital en una sola entidad del gobierno y reduce la diversidad de voces en el espacio público. También señalaron que esta reforma podría silenciar críticas al oficialismo al suprimir condiciones mínimas de competencia y neutralidad en la red.
El Grupo Parlamentario del PRI anunció que continuará organizando espacios de análisis y diálogo, y exigió que se transparente la discusión legislativa sobre esta reforma antes de que se avance en su dictaminación en comisiones.
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