El Ejército de Estados Unidos anunció la creación de una segunda «Área de Defensa Nacional» en la frontera con México, ubicada en Texas, donde las tropas pueden detener temporalmente a migrantes o intrusos. Esta nueva zona se suma a otra ya existente en Nuevo México, establecida a principios de abril.
La decisión forma parte de una estrategia más amplia impulsada por el presidente Donald Trump, quien ha intensificado las políticas de control migratorio desde su regreso a la Casa Blanca. En este contexto, el despliegue militar en la frontera suroeste alcanza actualmente unos 11,900 efectivos, según datos oficiales.
La nueva franja de seguridad en Texas permitirá al Gobierno utilizar tropas en tareas de detención sin necesidad de invocar la Ley de Insurrección de 1807, que habilita al presidente a desplegar al Ejército en situaciones de disturbios civiles. Hasta ahora, la ley no ha sido activada para esta operación. “El secretario de Defensa, Pete Hegseth, recomendó la semana pasada que no era necesario invocar dicha legislación en este momento”, informó un funcionario estadounidense citado por Reuters.
De acuerdo con el Departamento de Defensa, las tropas en estas zonas no sustituyen a las agencias civiles, sino que deben entregar a los migrantes detenidos al Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) o a otras autoridades competentes. CBP mantiene la jurisdicción sobre los cruces ilegales en la región.
Desde la implementación de la primera zona militar en Nuevo México, un total de 82 migrantes han sido acusados de cruzar ilegalmente el área de seguridad. No obstante, hasta ahora ninguna detención ha sido realizada directamente por las tropas, según datos oficiales.
El número de migrantes capturados cruzando ilegalmente en marzo cayó al nivel más bajo del que se tenga registro, según informes del Gobierno. Esta disminución coincide con el incremento de medidas de seguridad y presencia militar en la zona fronteriza.
Las áreas designadas como «zonas militares» comprenden franjas de hasta 18.3 metros de ancho dentro de bases militares. Esta delimitación permite operaciones militares sin interferencia externa y con una base legal distinta a las operaciones civiles regulares.
La política migratoria y de seguridad fronteriza continúa siendo un eje central de la administración Trump, que ha reiterado su intención de controlar el flujo migratorio hacia Estados Unidos mediante el uso coordinado del Ejército y las fuerzas de seguridad civil.
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