Un juez federal concedió una suspensión a 91 personas migrantes que habitan el campamento ubicado en Vallejo, en la alcaldía Gustavo A. Madero, para evitar que sean desalojadas de manera forzada y garantizar que cualquier reubicación se realice respetando sus derechos humanos.
La medida fue otorgada por una secretaria en funciones de jueza del Juzgado Décimo de Distrito en Materia Administrativa en Ciudad de México, luego de una solicitud presentada por el Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP) el pasado 25 de abril. Los migrantes habían solicitado protección ante actos de autoridades capitalinas y del Instituto Nacional de Migración (INM), que incluían presuntas órdenes de detención y deportación.
La suspensión judicial indica que las autoridades no podrán ejecutar el traslado de los migrantes sin antes ofrecer una alternativa de alojamiento que sea planificada, voluntaria y respete los derechos humanos. En su resolución, el juzgado señaló que, por ejemplo, deben considerarse albergues temporales con condiciones adecuadas de vida.
El IFDP aclaró que esta resolución no impide que las autoridades de la Ciudad de México participen en la reubicación, siempre y cuando ésta se realice de forma ordenada y con pleno respeto a la dignidad de las personas en situación de movilidad.
Desde 2023, el Instituto ha promovido acciones legales para evitar desalojos forzosos de campamentos de migrantes en la capital. A través de juicios de amparo, ha buscado que las reubicaciones se efectúen con garantías de transporte, alojamiento adecuado y atención a las necesidades básicas de los afectados.
Además, el IFDP ha brindado asesoría jurídica a las personas migrantes para facilitar la regularización de su situación migratoria, así como el acceso a solicitudes de asilo y programas sociales, con el objetivo de que cuenten con opciones legales y de protección durante su estancia en el país.
Esta es la segunda suspensión que reciben los habitantes del campamento en menos de una semana, luego de que otro juez de distrito les otorgara una suspensión de plano previa, en respuesta a las mismas preocupaciones legales sobre su posible desalojo.
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