La Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno inhabilitó a la empresa Biomics y mantiene bajo investigación a otras 16 compañías farmacéuticas por presuntas irregularidades en la venta de medicamentos, informó este martes su titular, Raquel Buenrostro, durante la conferencia matutina del Gobierno de México.
“Ya inhabilitamos una empresa el viernes pasado, tenemos ya una empresa en investigación abierta y muy probablemente en esta semana la mandemos a temas penales porque falsificó documentos del registro de Cofepris”, declaró Buenrostro, al referirse al caso de una compañía no identificada que enfrenta acusaciones por falsificación documental.
La funcionaria explicó que entre las causas que motivan las indagatorias están el sobrecosto en medicamentos, falsificación de documentación oficial y retrasos en la entrega de insumos, lo cual ha contribuido al desabasto en el sistema de salud pública. Agregó que, en coordinación con la Secretaría de Salud y Cofepris, se han detectado irregularidades en alrededor de 650 claves en proceso.
Buenrostro precisó que por el momento no se revelarán los nombres de las 16 empresas investigadas, ya que las pesquisas se encuentran en curso. Indicó que una segunda empresa podría ser sancionada penalmente en los próximos días por el uso de documentos apócrifos ante la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).
La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que existen al menos 59 compañías que han presentado problemas con la entrega puntual de insumos médicos, aunque aclaró que sólo 16 de ellas presentan incidencias de mayor gravedad y están siendo objeto de revisión detallada.
Por su parte, el subsecretario de Salud federal, Eduardo Clark, aseguró que el suministro de medicamentos continúa de forma estable. “En el último mes se han distribuido 150 millones de piezas y están programadas otras 331 millones de unidades para ser entregadas próximamente”, apuntó.
Las investigaciones contra las empresas comenzaron a principios de abril, luego de que se detectaran anomalías en procesos de compra pública de medicamentos, incluyendo precios elevados, lo que llevó a la anulación de ciertas licitaciones. La Secretaría Anticorrupción reiteró su compromiso con la transparencia en la adquisición de insumos médicos.
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