#OPINIÓN: DATOS CON VALOR / POR: ABRAHAM ISAAC VERGARA CONTRERAS
Mientras la presidenta Claudia Sheinbaum defiende la venta del “Chocolate del Bienestar” —ese producto con tres sellos de advertencia por exceso de azúcar, grasas saturadas y calorías— y lanza un programa de estufas de leña que se disfraza de “ambientalista”, México se hunde cada vez más en una crisis humanitaria que arrastra vidas, familias y cualquier atisbo de institucionalidad: la de las desapariciones. El país ya no parece una República sino un campo de juego macabro de escondidillas, donde miles de personas desaparecen sin dejar rastro y el Estado, lejos de buscarles, parece dispuesto a borrarlos también de los registros.
Hablar de desapariciones en México ya no es nuevo, pero lo verdaderamente monstruoso es que se han normalizado. El Estado mexicano es incapaz —o quizá poco interesado— en asumir el problema. La desaparición forzada, definida por la ONU como “el arresto, la detención, el secuestro o cualquier forma de privación de libertad por parte de agentes del Estado o con su autorización, seguido de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento del paradero de la persona desaparecida”, no sólo ocurre en dictaduras o conflictos armados. También ocurre en esta democracia de discursos vacíos y cifras maquilladas.
UNA HERIDA ABIERTA Y SANGRANTE
Las desapariciones forzadas en México son una herida abierta y sangrante. El caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa sigue sin respuesta ni castigo, y cada semana se suman historias igualmente atroces: en Teuchitlán, Jalisco, cinco jóvenes fueron desaparecidos y ejecutados por policías municipales; en Nuevo Laredo, soldados del Ejército abatieron a civiles y manipularon la escena del crimen; en Chiapas, grupos paramilitares con presunto respaldo institucional desparecen a opositores comunitarios. La Comisión de Derechos Humanos de la ONU ha calificado estas prácticas como “sistemáticas y generalizadas”.
Y como buen bufón de la corte, Gerardo Fernández Noroña ha salido a vociferar en nombre de la patria. En lugar de atender las observaciones de organismos internacionales, Noroña arremete contra la ONU, acusándola de “querer descarrilar a la presidenta”. Pero los datos son brutales. Más de 127,000 personas se encuentran oficialmente desaparecidas en México; más de 60,000 de ellas desde que Andrés Manuel López Obrador asumió la presidencia y la continuidad de la imaginaria transformación con Claudia Sheinbaum. Las cifras (Secretaría de Gobernación y estudio del periódico El País) no son producto de un complot extranjero, sino del fracaso monumental de un Estado que dejó de buscar, de investigar, de garantizar justicia.
Más de 5,600 fosas clandestinas han sido documentadas en el país y, peor aún, hay más de 72,000 cuerpos sin identificar almacenados en una crisis forense sin precedentes. Mientras Sheinbaum intenta vendernos cacao populista y estufas disfrazadas de progreso, miles de familias tienen que organizarse para buscar a sus muertos. Las madres buscadoras, armadas con picos, palas y desesperación, caminan donde el Estado no quiere pisar. Y cada día pagan un precio: asesinatos, amenazas, hostigamiento institucional.
El caso de Teresa González Murillo, madre buscadora asesinada mientras buscaba a su hijo, es un recordatorio amargo de la falta total de garantías. No hay protocolo que funcione, no hay fiscalía que responda, no hay sistema que repare. El país desaparece a su gente y, con ellos, también desaparece su derecho a la memoria y a la verdad.
Lo más grave es que, ante esta catástrofe humanitaria, el discurso del oficialismo es minimizar, acusar y negar. Noroña no es una figura marginal, es el presidente del Senado y una voz legitimada por la 4T. Su desdén frente a las cifras y su pleito con organismos internacionales no solo son indignantes, son peligrosos. Porque cuando se banaliza la desaparición, se facilita su repetición.
HACIA A DÓNDE CAMINAR
Esta crisis no se resuelve con chocolate ni con fogones. Se resuelve con voluntad política, con verdad, con justicia, con instituciones que funcionen y con gobiernos que no se atrevan a insultar la inteligencia de su pueblo ni la dignidad de sus víctimas, mientras la administración insista en negar lo evidente, México seguirá desapareciendo.
La solución comienza con el reconocimiento pleno de la gravedad del problema. Sin eufemismos, sin maquillajes, sin acusaciones a fantasmas extranjeros. Es necesario construir un sistema nacional de búsqueda con autonomía real, presupuesto suficiente y participación activa de las víctimas y organizaciones de derechos humanos. Las fiscalías especializadas deben operar con independencia del poder político, con protocolos eficaces, tecnología forense de punta y capacitación constante.
México necesita una política integral que no solo busque a los desaparecidos, sino que prevenga las desapariciones. Esto implica depurar y profesionalizar cuerpos policiales, erradicar pactos criminales dentro de instituciones y garantizar justicia para las víctimas. Es urgente implementar una base nacional de datos genéticos confiable y consolidar un banco forense que no sea una bodega de huesos, sino una herramienta de verdad.
Y más allá de lo técnico, hace falta una postura ética. El gobierno debe dejar de ver a las familias como adversarias y empezar a reconocerlas como aliadas. Las madres buscadoras no deberían cargar solas la pala y el dolor. La memoria colectiva no puede estar sujeta al calendario electoral. Sólo cuando el Estado esté dispuesto a escuchar, a buscar, a identificar y a castigar, podrá comenzar a sanar ésta herida.
Con cada desaparición, se evapora un poco más el bienestar del que tanto presume este régimen.
* Opinión personal. Coordinador de la Maestría en Finanzas de la Universidad Internacional de la Rioja, UNIR.
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