El presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno Cárdenas, denunció ser víctima de persecución política tras la reactivación del proceso de desafuero en su contra por parte de la Sección Instructora de la Cámara de Diputados. El legislador señaló que dicho procedimiento ya fue concluido, según resoluciones judiciales previas, y acusó al gobierno federal de intentar silenciar a la oposición.
Moreno Cárdenas recordó que el proceso en su contra se inició en 2022, cuando la Fiscalía de Campeche solicitó investigarlo por presunto enriquecimiento ilícito durante su periodo como gobernador. Aunque el procedimiento fue suspendido, se retomó en septiembre de 2024 con la renovación de la legislatura. En enero de 2025, el presidente de la Sección Instructora, Hugo Éric Flores Cervantes, afirmó que el proceso seguía abierto.
No obstante, en marzo pasado, Flores Cervantes indicó que el desafuero se encontraba en pausa debido a un amparo interpuesto por Moreno. Actualmente, la Sección Instructora analiza la vigencia de dicho amparo para determinar si el caso puede continuar. Ante esto, el dirigente priista aseguró que no tiene nada que ocultar y afirmó que “vamos a acreditar y a exhibir ante el pueblo de México lo que está haciendo este gobierno”.
Durante una declaración pública, Moreno acusó a Morena de tener presuntos vínculos con el crimen organizado y responsabilizó directamente a Andrés Manuel López Beltrán, hijo del presidente, de encabezar redes de extorsión. También afirmó que su partido, junto con organizaciones civiles y gobiernos internacionales, han denunciado estas conexiones en diversas ocasiones.
“Este es un gobierno señalado por tener vínculos claros con el crimen organizado, y no solo lo decimos nosotros, lo dicen a nivel mundial, con cuatro señalamientos del actual gobierno de los Estados Unidos”, afirmó Moreno. Añadió que es necesario investigar a “los narcopolíticos de Morena” y a funcionarios públicos presuntamente relacionados con dichas actividades.
En relación con la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que permite el uso de recursos públicos en la elección de jueces, Moreno calificó la medida como una “narcoelección” y advirtió que no participará en dicho proceso. Afirmó que la intención es controlar el sistema judicial para perseguir a la oposición.
Finalmente, el dirigente priista adelantó que el PRI presentará denuncias ante organismos internacionales por los supuestos nexos entre el gobierno y grupos criminales. Detalló que estas denuncias se presentarán en México, Estados Unidos y ante instancias multilaterales. “Estamos haciendo una recopilación de toda la información, de datos, de señalamientos, de informes que hay de todos estos políticos que tienen vínculos con el crimen organizado”, concluyó.
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