Autoridades federales y del estado de Michoacán impugnaron la resolución de un juez federal que ordenaba la implementación inmediata de un plan nacional para ubicar, señalar y retirar minas terrestres colocadas por el crimen organizado, particularmente en la región de Tierra Caliente, donde recientemente han causado la muerte de al menos dos personas.
La Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Fiscalía General del Estado de Michoacán presentaron recursos legales ante un tribunal federal para revocar la decisión emitida por Sergio Santamaría Chamú, titular del Juzgado Primero de Distrito en Michoacán. La resolución les obligaba a reportar cada 72 horas los avances en el proceso de desminado.
El 10 de marzo, el juez Santamaría Chamú ordenó a las autoridades federales y estatales, incluida la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, desplegar acciones inmediatas para identificar los sitios afectados por minas colocadas por grupos criminales, no solo en Michoacán sino en todo el país. También instruyó que en la planeación del desminado se definieran tiempos estimados —en días, meses o años— para retirar completamente los explosivos.
Según el expediente judicial, el fallo establece que las autoridades deberán elaborar un programa nacional detallado para el desminado, con el objetivo de prevenir afectaciones a la vida e integridad de los habitantes en municipios como Buenavista Tomatlán, específicamente en las zonas de Las Paredes del Ahogado y Santa Ana Amatlán.
Además del plan operativo, el juez solicitó que se asignen los recursos financieros, tecnológicos y humanos necesarios, y que se definan criterios, indicadores y mecanismos de evaluación para medir la efectividad del programa de retiro de minas.
La resolución también exige implementar una estrategia de sensibilización entre la población sobre el riesgo que representan estos artefactos explosivos, y brindar atención integral a las víctimas de incidentes relacionados con las llamadas “narco minas”.
La orden judicial se emitió en respuesta a una demanda promovida por 15 personas que señalaron la omisión de la presidenta Sheinbaum, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, y los titulares de las dependencias de seguridad, frente al riesgo que representan las minas colocadas por grupos delictivos en zonas habitadas del estado.
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