La Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) y varios colectivos de familiares de personas desaparecidas pidieron este miércoles al Gobierno federal tomar medidas urgentes para atender la crisis de desapariciones en México. A través de un comunicado, la CEM reconoció el esfuerzo del Gobierno en abrir espacios de diálogo, pero enfatizó la necesidad de una respuesta efectiva, coordinada y respetuosa hacia los afectados por esta tragedia nacional.
El pronunciamiento se dio tras el Diálogo Nacional por la Paz, realizado el 8 de abril con la participación de la Secretaría de Gobernación (Segob) y madres buscadoras de ocho estados. En dicho encuentro, los colectivos expresaron su frustración por la falta de resultados tangibles y urgentes por parte de las autoridades para localizar a sus seres queridos.
Los familiares de las personas desaparecidas presentaron una lista de demandas prioritarias que incluyen la mejora en el trabajo de las fiscalías estatales para combatir la impunidad y el fortalecimiento de los servicios forenses, esenciales para la identificación de más de 72,000 cuerpos almacenados en morgues y fosas comunes en todo el país.
Además, pidieron la creación de Centros de Identificación Humana, la puesta en operación de mesas de trabajo federales y estatales para dar seguimiento a los casos y el reconocimiento legal del trabajo realizado por los colectivos de búsqueda. También exigieron la colaboración con organismos internacionales y garantías de seguridad para las buscadoras, así como sanciones penales para los funcionarios que obstruyan el acceso a la justicia.
Otro de los puntos clave fue la investigación exhaustiva del caso Rancho Izaguirre, donde se encuentran víctimas de desaparición forzada. Los colectivos también demandaron la creación de un registro nacional de fosas comunes y una atención especial para la niñez desaparecida, un sector particularmente vulnerable en estos casos.
Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, se comprometió a seguir atendiendo las demandas de los colectivos y propuso la instalación de mesas de diálogo permanentes para dar un seguimiento adecuado a los casos. En el encuentro también se presentó un documento sobre la reforma a la Ley General en Materia de Desaparición, que busca fortalecer al Centro Nacional de Identificación Humana y asignar recursos adicionales para mejorar la respuesta estatal ante este problema.
La situación de las desapariciones en México sigue siendo uno de los temas más complejos y sensibles, con miles de familias esperando respuestas y justicia. Los colectivos de búsqueda insisten en que es imperativo que el Gobierno tome acciones concretas para frenar la impunidad y garantizar los derechos de las víctimas.
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