La organización Amnistía Internacional (AI) urgió este jueves a las autoridades mexicanas a reforzar la protección a las personas buscadoras, tras el asesinato de Patricia Negrete Tafoya, integrante del colectivo «Una Promesa por Cumplir», en el estado de Guanajuato. La organización señaló que el crimen «no puede entenderse como un hecho aislado», debido a que quienes realizan esta actividad enfrentan constantes amenazas y riesgos por ejercer «una labor que corresponde al Estado».
Negrete Tafoya fue atacada a balazos el pasado martes en el municipio de Pénjamo. De acuerdo con la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, su cuerpo fue localizado junto a una motocicleta en las inmediaciones del Hospital General de la colonia Las Américas. La víctima realizaba labores de rastreo para localizar a su hermana, Laura Angélica Negrete Tafoya, desaparecida desde el año 2021 en esa misma localidad.
Demandas de investigación y reparación
Ante este escenario, Amnistía Internacional exigió a la fiscalía estatal una investigación «inmediata, exhaustiva, independiente e imparcial», que mantenga como línea prioritaria la labor de búsqueda de la víctima. Asimismo, el organismo demandó identificar y sancionar a los autores materiales e intelectuales, garantizar la reparación del daño a los familiares y dar continuidad a las acciones para localizar a Laura Angélica.
La solicitud del organismo civil incluye un exhorto a los gobiernos estatal y federal para adoptar medidas urgentes de protección en favor de los colectivos de familiares de personas desaparecidas.
Contexto de riesgo y cifras oficiales
El panorama de seguridad para estos grupos vulnerables quedó documentado en un informe de AI publicado en 2025, el cual expone que nueve de cada 10 personas buscadoras en México son mujeres, y que el 97% de ellas sufre violencias asociadas a sus actividades. Los registros de la organización indican que al menos 35 personas buscadoras han sido asesinadas en el país desde 2011 (21 mujeres y 14 hombres).
Guanajuato lidera la estadística nacional como el estado con mayor número de desapariciones de personas buscadoras, con cinco casos; seguido por Jalisco, con cuatro, y Sinaloa, con tres. Actualmente, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) del gobierno federal contabiliza más de 133 mil personas desaparecidas en el país desde la década de los cincuenta.
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