La Cámara de Diputados aprobó una reforma propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum que elimina el Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas (CompraNet) y lo reemplaza con la Plataforma Digital de Contrataciones Públicas. La reforma, que modifica la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas, fue aprobada con 355 votos a favor, 98 en contra y una abstención. Además, incluye nuevas medidas para aumentar la transparencia y eficiencia en los procesos de contratación pública.
La nueva plataforma digital tiene como objetivo garantizar un acceso inmediato e imparcial a la información, permitiendo la fiscalización en tiempo real de los recursos públicos, según indicó Ricardo Mejía Berdeja, presidente de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción. Mejía Berdeja destacó que la reforma reducirá el margen de discrecionalidad de las dependencias, al bajar del 30% al 20% el monto que puede contratarse sin licitación pública.
Una de las principales modificaciones incluye la introducción de «ofertas subsecuentes», que permite a los contratistas mejorar sus ofertas iniciales mediante descuentos adicionales. Además, la reforma promueve la implementación de «diálogos estratégicos» entre las dependencias y los contratistas para mejorar la calidad técnica y económica de las proposiciones, y establece la obligatoriedad de realizar una investigación de mercado antes de emitir convocatorias de licitación.
Sin embargo, la reforma también ha generado controversia debido a que exime a las Fuerzas Armadas, a Petróleos Mexicanos (PEMEX) y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) de cumplir con las disposiciones de la Ley de Obras. Esta excepción fue incluida bajo la justificación de que estas entidades ejecutan proyectos relacionados con programas prioritarios o proyectos estratégicos. Según el artículo adicionado a la ley, estos proyectos no estarán sujetos a las normativas de contratación pública.
La oposición ha criticado esta medida, argumentando que podría llevar a la opacidad en las obras realizadas por las Fuerzas Armadas y las empresas públicas del Estado. La diputada priista Abigail Arredondo señaló que, bajo esta reforma, las obras ejecutadas por la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y otros cuerpos armados podrían no ser fiscalizadas de manera adecuada, lo que podría incrementar los costos y la falta de transparencia.
En respuesta, la diputada Silvia Patricia Jiménez, del PAN, criticó que se otorgue un “cheque en blanco” a las Fuerzas Armadas y empresas públicas, lo que, según ella, va en contra del principio de legalidad y la lucha contra la corrupción. “¿Vamos a legalizar prácticas opacas bajo el manto de proyectos estratégicos? Claro que no”, expresó Jiménez.
Otra de las reformas incluye el establecimiento de causales adicionales para que las dependencias se abstengan de contratar a empresas vinculadas con servidores públicos, así como a aquellas que estén inhabilitadas o sancionadas por prácticas monopólicas. Esta medida busca prevenir conflictos de interés y garantizar una mayor equidad en los procesos de contratación.
La reforma ahora será enviada al Senado para su análisis y posible aprobación. Mientras tanto, las críticas continúan centradas en las exenciones a las Fuerzas Armadas y las implicaciones que esto podría tener para la transparencia en la gestión pública.
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