Las diputadas federales del PRI pidieron a la Fiscalía General de Justicia de Morelos integrar correctamente la carpeta de investigación SC01/9583/2024, luego de que esta fuera desechada en el Pleno de la Cámara de Diputados debido a vicios legales y falta de objetividad. El grupo parlamentario solicitó que se realicen las diligencias necesarias para garantizar que la investigación cumpla con los principios fundamentales del sistema penal acusatorio.
A través de un Punto de Acuerdo, las legisladoras expresaron su preocupación por las deficiencias en la integración de la carpeta de investigación, que, según ellas, podría dar paso a impugnaciones e incluso a la impunidad de los responsables. En este contexto, exigieron que se envíen todas las carpetas relacionadas, incluyendo las que involucran daño al erario público o posibles vínculos con el crimen organizado.
Las diputadas señalaron que la carpeta presentada ante la Sección Instructora carecía de objetividad y, por lo tanto, no cumplía con los requisitos necesarios para avanzar en el proceso judicial. En este sentido, pidieron que la Fiscalía lleve a cabo todos los trámites legales para garantizar un ejercicio de la acción penal con la debida fundamentación, motivación y respeto a los derechos de las víctimas.
Asimismo, instaron a la gobernadora de Morelos a explicar la situación y aclarar las irregularidades en la integración de las carpetas de investigación. Subrayaron la importancia de preservar el principio de legalidad en cualquier procedimiento penal, advirtiendo que los vicios legales pueden ser motivo de impugnación y contribuir a la impunidad.
El Grupo Parlamentario del PRI afirmó su compromiso con las víctimas y destacó que el respeto a los procedimientos legales es esencial para asegurar que los agresores enfrenten la justicia. Insistieron en que el principio del debido proceso debe ser respetado en todo momento, ya que cualquier violación a los derechos humanos podría derivar en la necesidad de reponer la investigación.
Finalmente, las diputadas reiteraron la solicitud a la Fiscalía para que realice los trámites pertinentes en el marco de la legalidad, conforme a los principios constitucionales y al Código Nacional de Procedimientos Penales. Además, exigieron que se respeten los derechos de los imputados y las víctimas, tal como se establece en el artículo 20 constitucional.
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