El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que en el rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco, se asesinaba a quienes se resistían a los entrenamientos impartidos por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) o intentaban huir del lugar. De acuerdo con el testimonio de José Gregorio “El Lastra”, detenido recientemente, al menos ocho personas fueron ejecutadas en el sitio.
“El Lastra” señaló que los reclutas, al llegar al rancho, eran despojados de sus pertenencias, vestían ropa táctica y se les retiraban sus teléfonos celulares. Permanecían incomunicados durante aproximadamente un mes, periodo en el que recibían entrenamiento obligatorio. García Harfuch indicó que quienes se negaban a participar eran golpeados, sometidos a tortura o asesinados.
El detenido fue identificado como principal colaborador de Gonzalo “N”, alias “El Sapo”, uno de los líderes regionales del CJNG con operaciones en Jalisco, Nayarit y Zacatecas. Desde mayo de 2024 hasta marzo de este año, “El Lastra” se encargó del reclutamiento de personas, utilizando principalmente redes sociales para atraer a jóvenes bajo la falsa promesa de empleo.
Según las autoridades, el esquema de reclutamiento promovía supuestas ofertas de trabajo como guardias de seguridad con sueldos que oscilaban entre 4 mil y 12 mil pesos semanales. Una vez en el rancho, los nuevos integrantes eran forzados a entrenarse para actividades relacionadas con el grupo criminal.
El sábado, el gobierno federal informó sobre la captura de José Gregorio Lastra Armida, conocido también como “Comandante Lastra”, líder de una célula delictiva vinculada al CJNG. Su detención permitió confirmar que el rancho Izaguirre operaba como un centro de adiestramiento clandestino donde se cometieron diversos crímenes.
Las autoridades señalaron que, aunque hay indicios de homicidios en el sitio, aún se investiga la posible existencia de más víctimas. La Fiscalía General de la República (FGR) analiza la atracción del caso para profundizar en la investigación y determinar el alcance de las actividades realizadas en el rancho.
García Harfuch subrayó la importancia de continuar con las indagatorias para esclarecer los hechos y determinar la responsabilidad de otros implicados. Mientras tanto, el predio sigue bajo resguardo de la fiscalía estatal a la espera de que la FGR tome el control de las investigaciones.
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