La consejera jurídica de la Presidencia, Ernestina Godoy, anunció hoy durante la conferencia matutina dos iniciativas de reformas que buscan agilizar la actuación de las autoridades ante casos de desapariciones forzadas y la localización de personas desaparecidas. Estas reformas buscan mejorar la respuesta de las fiscalías y otras instituciones encargadas de investigar estos delitos y sancionar a los funcionarios que no colaboren con la información necesaria.
Entre las medidas propuestas se encuentra la creación de la Plataforma Única de Identidad, la cual integrará la Clave Única de Registro Poblacional (CURP) con elementos biométricos como la fotografía y las huellas dactilares, lo que facilitaría la identificación de personas desaparecidas. La nueva plataforma permitirá interconectar a las autoridades de todos los niveles de gobierno y la sociedad, para agilizar el intercambio de información en tiempo real.
“Interconectar a México, crear un sistema que permita el intercambio de información en tiempo real entre autoridades, instituciones y particulares, hacer partícipes a la sociedad que se integre al proceso de búsqueda mediante información o reportes oportunos”, explicó Godoy. Asimismo, destacó que se incorporarán al proceso de difusión de información a instituciones privadas, como clínicas y funerarias.
Las reformas también incluyen medidas específicas contra la dilación en la investigación de desapariciones, con sanciones dirigidas a los servidores públicos que no generen o actualicen la información sobre los casos, o que se nieguen a compartirla. Esta iniciativa está dirigida a las fiscalías estatales, con el fin de hacer más ágiles las investigaciones y mejorar la eficacia de los esfuerzos de búsqueda.
Además de la creación de la Plataforma Única de Identidad, las reformas afectarán a la Ley General de Población y la Ley General de Desaparición Forzada de Personas, así como al Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. Entre las acciones que se integrarán se encuentran la creación de una base nacional de carpetas de investigación, la actualización del Banco Nacional de Datos Forenses, y el fortalecimiento de las fiscalías estatales.
Godoy también enfatizó que se incrementarán las penas por desaparición forzada y se fortalecerá la Comisión Nacional de Búsqueda, así como la creación de un Sistema Nacional de Alerta, para mejorar la respuesta ante casos de desapariciones. “Evitar la dilación al iniciar la búsqueda busca garantizar la atención inmediata ante cualquier denuncia”, subrayó la consejera.
Las reformas propuestas tienen como objetivo garantizar el derecho a la identidad y la protección de las personas, utilizando tecnologías y coordinación interinstitucional para mejorar la eficiencia en la localización de personas desaparecidas, un problema que ha afectado a miles de familias en todo el país.
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