Este martes, el pleno de la Cámara de Diputados determinará si la solicitud de desafuero en contra de Cuauhtémoc Blanco Bravo, legislador de Morena y exgobernador de Morelos, regresa a la Sección Instructora para un nuevo análisis. La decisión se tomará en una sesión donde cada legislador reflejará su voto en el tablero.
La oposición ha manifestado su intención de votar a favor de que el expediente sea devuelto a la Sección Instructora, encabezada por Hugo Eric Flores Cervantes (Morena), con el fin de revisar nuevamente las pruebas presentadas por la Fiscalía General del Estado de Morelos. La fiscalía acusa a Blanco del presunto intento de violación de su media hermana.
Ivonne Ortega Pacheco, coordinadora de Movimiento Ciudadano, y Noemí Luna, vicecoordinadora del PAN, han exhortado a las diputadas de todos los partidos a analizar su voto bajo la perspectiva de género. Ortega afirmó que la solicitud debe devolverse para que se genere una investigación justa y sin revictimización. “No estamos juzgando a Cuauhtémoc, solo pedimos que se investigue en igualdad de condiciones”, declaró.
El debate sobre el caso será el único tema de la sesión, con al menos dos rondas de intervenciones de los distintos grupos parlamentarios. Diputadas de diversos partidos han pedido que el procedimiento sea revisado para evitar irregularidades y garantizar justicia para la presunta víctima.
Desde el viernes pasado, un grupo de diputadas insistió en que el proceso no debe cerrarse sin un análisis detallado. La diputada Meggie Salgado (Morena) señaló que no se trata de juzgar de manera anticipada, sino de atender las denuncias con seriedad. “No somos floreros, y la indignación que se vive es evidente”, afirmó.
Por su parte, la bancada del PAN anunció que votará en contra del dictamen de la Sección Instructora, argumentando que el procedimiento ha estado lleno de irregularidades. El coordinador panista, Elías Lixa, criticó la decisión de declarar «notoriamente improcedente» el desafuero, señalando que el proceso ha ignorado los plazos y procedimientos legales.
Según Lixa, la Sección Instructora no otorgó espacio suficiente para la presentación de pruebas y alegatos. “Este proceso no beneficia a nadie: ni al inculpado, que no ha podido defenderse, ni a la fiscalía, que no ha podido explicar sus pruebas, y menos a la presunta víctima”, afirmó.
Las diputadas opositoras han insistido en que, más allá del resultado final del caso, es fundamental que se respete el debido proceso y se eviten decisiones que puedan interpretarse como impunidad. La resolución de este martes definirá si la Sección Instructora debe reconsiderar el caso y reanudar el análisis de las pruebas.
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