El Diario Oficial de la Federación (DOF) publicó en su edición vespertina el decreto por el que se expiden las nuevas leyes secundarias en materia de transparencia y protección de datos personales. El decreto, aprobado el 20 de marzo por la Cámara de Diputados, entrará en vigor el 21 de marzo y busca armonizar la legislación con los principios establecidos en la Constitución.
El nuevo marco normativo contempla la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. Además, se reforma el artículo 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para otorgar nuevas facultades a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.
Uno de los principales cambios es la creación del órgano administrativo «Transparencia para el Pueblo», que asumirá competencias en materia de acceso a la información pública en el ámbito federal. Asimismo, se sustituye el Sistema Nacional de Transparencia por el Sistema Nacional de Acceso a la Información Pública, que coordinará y evaluará la política de transparencia en el país.
En materia de protección de datos personales, la legislación establece los derechos ARCO (acceso, rectificación, cancelación y oposición) y refuerza la privacidad de los ciudadanos. Se señala que el tratamiento de datos deberá observar principios de licitud, finalidad, calidad y consentimiento, evitando el uso engañoso o fraudulento de la información.
La nueva legislación también prohíbe clasificar como reservada la información relacionada con violaciones graves a derechos humanos o delitos de lesa humanidad. Asimismo, establece que ninguna persona podrá ser objeto de inquisición judicial o administrativa por ejercer su derecho de acceso a la información.
Entre otras disposiciones, se establece que el Estado garantizará el acceso de la ciudadanía a información en posesión de cualquier autoridad, ente público o privado que reciba recursos públicos. Se exceptúan de la aplicación de la nueva ley las sociedades de información crediticia y personas que almacenen datos personales con fines exclusivamente privados.
Finalmente, con la entrada en vigor de estas disposiciones, quedan abrogadas la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública de 2015, la Ley Federal de Protección de Datos Personales de 2010, y otras normativas previas en la materia.
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