El Congreso capitalino ha propuesto implementar operativos coordinados entre el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y las 16 alcaldías de la Ciudad de México para la detección, rescate y protección de niñas, niños y adolescentes en situación de explotación infantil en la vía pública. Esta iniciativa busca garantizar el interés superior de la niñez, resguardando sus derechos fundamentales y evitando su explotación en las calles.
La diputada Elizabeth Mateos Hernández, integrante de MORENA, destacó que la presencia de menores en la vía pública, expuestos a situaciones de vulnerabilidad, puede derivar en explotación infantil, lo que pone en riesgo su desarrollo físico y emocional. «No podemos normalizar esta realidad ni resignarnos a que la infancia viva expuesta a riesgos que afectan su bienestar», expresó.
De acuerdo con información proporcionada por la Autoridad del Centro Histórico, más de mil 500 niños y niñas trabajan en las calles de esta área de la capital. En muchos casos, las familias dependen del comercio informal para sobrevivir, y los menores acompañan a sus padres en estas actividades. Sin embargo, también existen situaciones donde los niños son forzados a mendigar o son víctimas de explotación laboral, lo que constituye una grave violación a sus derechos humanos.
Entre 2020 y 2022, el DIF de la Ciudad de México atendió 2,305 casos de niñas, niños y adolescentes en situación de trabajo en la vía pública y en el Sistema de Transporte Colectivo Metro. Esta cifra resalta la necesidad urgente de reforzar las políticas públicas y los mecanismos de protección para evitar que más menores sufran de explotación.
“No se trata de criminalizar la pobreza, ni de estigmatizar a las familias que recurren al comercio informal para subsistir. Lo que buscamos es fortalecer las estrategias que ya existen para garantizar la protección y el bienestar de la niñez», afirmó Mateos Hernández.
El operativo propuesto incluye medidas como la atención inmediata a los menores detectados en situaciones de vulnerabilidad, asegurando su canalización a programas de apoyo para su recuperación y bienestar. Asimismo, se plantea la coordinación interinstitucional para reforzar los mecanismos de denuncia y respuesta rápida ante casos de explotación infantil. Además, se llevarán a cabo acciones preventivas en las 16 alcaldías, mediante campañas de concientización y el fortalecimiento de redes de protección infantil.
La diputada concluyó que la implementación de estos operativos es crucial para ofrecer a los menores un entorno seguro y libre de explotación, y para garantizar que el Estado cumpla con su responsabilidad de proteger los derechos de la infancia.
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