El Partido Acción Nacional (PAN) en Baja California anunció la presentación de una iniciativa que busca imponer la pena máxima a funcionarios públicos vinculados con el crimen organizado. Durante una conferencia de prensa, el diputado Elías Lixa Abimerhi, coordinador del grupo parlamentario del PAN, afirmó que «traicionar la confianza de la gente» al colaborar con organizaciones delictivas es una falta grave que debe ser castigada con rigor.
Acompañado por las diputadas Eva María Vázquez y Lizbeth Mata, así como por el diputado César Damián Retes, Lixa subrayó que la iniciativa busca endurecer las sanciones contra servidores públicos involucrados en delitos de alto impacto. Según el legislador, la medida es una respuesta a la creciente inseguridad en Baja California y la falta de resultados en la estrategia de seguridad del gobierno estatal y federal.
Mata destacó la crisis de violencia en la entidad, señalando el asesinato de líderes pesqueros como un reflejo del control que el narcotráfico ejerce en ciertas zonas. «La ausencia de gobierno en la lucha contra el crimen organizado es evidente», afirmó la legisladora. Por su parte, Vázquez advirtió que la inseguridad ha generado un clima de miedo entre la población. «El miedo no puede convertirse en el nuevo estilo de vida en Baja California», sostuvo.
En el encuentro con medios, los diputados también criticaron la reducción de recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), lo que, según ellos, ha debilitado la capacidad operativa de las autoridades locales. Lixa responsabilizó a la administración estatal de no gestionar adecuadamente los recursos y de no generar una estrategia eficaz para enfrentar la delincuencia.
Además, abordaron las recientes protestas en Tijuana, donde manifestantes han bloqueado accesos al aeropuerto, obligando a los pasajeros a recorrer largas distancias para abordar sus vuelos. Damián Retes señaló que estas manifestaciones están relacionadas con incumplimientos gubernamentales en materia de regularización de terrenos y advirtió sobre el impacto negativo en la economía y el turismo del estado.
Los legisladores del PAN hicieron un llamado a la gobernadora de Baja California para que tome medidas inmediatas contra la inseguridad. «No puede haber dudas sobre la existencia de vínculos entre gobernantes y el crimen organizado», insistió Lixa. Asimismo, demandaron una mayor rendición de cuentas en las investigaciones sobre servidores públicos señalados por presuntos nexos con grupos criminales.
La iniciativa será presentada en los próximos días y se espera que genere un debate en el Congreso local, en un contexto donde la seguridad pública es una de las principales preocupaciones de la ciudadanía. Mientras tanto, los legisladores del PAN reiteraron su compromiso de seguir impulsando reformas para fortalecer el combate a la delincuencia en el estado.
Ante la crisis de inseguridad en Baja California, fermoctezuma.news lanzó una pregunta que resuena entre la ciudadanía: «¿Cuántas vidas más deben perderse para que el gobierno tome medidas efectivas?» La interrogante pone sobre la mesa el creciente reclamo social por respuestas concretas de las autoridades ante la violencia y el crimen organizado en la entidad.
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