Los senadores del Partido Revolucionario Institucional (PRI) cuestionaron la eliminación de la carga tributaria a Petróleos Mexicanos (Pemex) por parte de Morena, señalando la falta de transparencia en el destino de los recursos recaudados. Durante el debate sobre la armonización de la Ley de Ingresos sobre los Hidrocarburos con la Nueva Ley del Sector de Hidrocarburos, el coordinador priista Manuel Añorve Baños acusó al oficialismo de adoptar medidas que antes rechazaban.
«Hoy el oficialismo incurre en una contradicción en su política fiscal sobre hidrocarburos. Están implementando medidas que antes rechazaban y criticaban. Es más, estamos viendo un neoliberalismo dentro de la 4T», afirmó Añorve al referirse a la nueva regulación denominada “Nuevo Derecho Petrolero para el Bienestar”, la cual exenta a Pemex de varios cobros.
El senador recordó que en 2013, Morena se opuso a la reforma energética del PRI bajo el argumento de que Pemex y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) serían debilitadas. Sin embargo, señaló que ahora el gobierno permite la inversión privada en el sector y reduce impuestos sin ofrecer claridad en las asignaciones directas.
Por su parte, el senador Miguel Ángel Riquelme advirtió sobre el impacto fiscal de la reforma, argumentando que la eliminación de derechos clave podría generar una caída de hasta 50 mil millones de pesos en la recaudación. «Este déficit afectará los fondos de estabilización y las participaciones de los estados productores, dejando a las entidades sin recursos clave para su desarrollo», expresó.
Riquelme también criticó la falta de claridad en la fórmula utilizada para determinar el nuevo «Derecho Petrolero para el Bienestar», lo que, a su juicio, podría comprometer la estabilidad financiera del país. «Morena propone sustituir un sistema de contribuciones con reglas establecidas por un mecanismo incierto, sin estudios actuariales serios», señaló.
La senadora Carolina Viggiano coincidió en que la reforma carece de justificación técnica y financiera, lo que genera incertidumbre sobre su impacto en Pemex y en la economía nacional. Advirtió que la medida otorga mayor control a la Secretaría de Energía, debilitando la autonomía de la Comisión Nacional de Hidrocarburos y afectando la transparencia en la fijación de precios del petróleo.
En tanto, la senadora Claudia Anaya Mota afirmó que la reducción de la carga tributaria a Pemex beneficia implícitamente a la iniciativa privada, al disminuir la recaudación pública. «Lo que pague Pemex se va al Fondo Mexicano del Petróleo y otra parte a la Secretaría de Hacienda. Si se le reduce esta carga, se afecta a la hacienda pública», argumentó.
Finalmente, Anaya alertó sobre el riesgo que representa el robo de combustible para la soberanía energética del país. «El huachicol es la mayor amenaza para Pemex y la seguridad energética. Se necesitan estrategias más efectivas para combatir este delito», concluyó.
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