El gobierno de México se enfrentará a un entorno complicado en la Suprema Corte de Estados Unidos, donde este martes se discutirá la admisibilidad de su demanda contra fabricantes de armas, advirtió John Lindsay-Poland, coordinador de la iniciativa Stop US Arms to Mexico.
«La Corte Suprema de Estados Unidos es un ambiente muy hostil para este tema. Es muy posible que la Corte haga daño no solamente a la demanda de México, sino también a otros posibles remedios en contra de la violencia armada», señaló el activista.
México presentó la demanda en Boston, Massachusetts, con el argumento de que las empresas fabricantes de armas en EE.UU. tienen responsabilidad en el tráfico ilegal de armamento hacia territorio mexicano. Sin embargo, Lindsay-Poland advirtió que, más allá de los argumentos legales, la cercanía de la industria armamentista con la Casa Blanca podría influir en la decisión del tribunal.
El activista destacó que cada año se trafican alrededor de 200 mil armas desde Estados Unidos a México, muchas de las cuales son vendidas a precios mucho más altos en territorio mexicano. «Pistolas que cuestan 500 dólares en Estados Unidos pueden venderse mucho más caras en México. Rifles de calibre .50 que en EE.UU. cuestan entre 10 y 12 mil dólares pueden alcanzar hasta tres veces su valor aquí», explicó.
Lindsay-Poland consideró que, así como la administración de Donald Trump ha tomado medidas en otros ámbitos, también debería firmar órdenes ejecutivas para frenar el tráfico de armas. Propuso eliminar del mercado las armas de asalto como los rifles calibre .50, así como aumentar las inspecciones a armerías implicadas en el tráfico ilegal.
El activista recordó que Trump prometió a la presidenta Claudia Sheinbaum tomar medidas contra el flujo de armas hacia México. «Estados Unidos debe reportar cuántas armas ha confiscado, cuántas armerías ha inspeccionado y qué legislación está apoyando para frenar ese flujo», señaló.
Lindsay-Poland también subrayó la estrecha relación entre la Casa Blanca y la industria armamentista, lo que, a su juicio, podría dificultar la implementación de restricciones. No obstante, indicó que si el gobierno estadounidense exige acciones contra los cárteles, debería demostrar congruencia tomando medidas contra el tráfico de armas.
Finalmente, el activista afirmó que la demanda de México permitirá evaluar si las acciones del gobierno de Trump contra el crimen organizado son reales o solo una estrategia de presión. «Vamos a ver si es un discurso o si realmente conduce a acción», concluyó.
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