Habitantes de Sinaloa y activistas presentaron una solicitud formal ante el Senado de la República para iniciar una consulta popular que evalúe la pérdida de confianza en el gobernador Rubén Rocha Moya y la posibilidad de iniciar un proceso para su remoción.
El grupo de ciudadanos entregó el aviso de intención a la Mesa Directiva del Senado, presidida por Gerardo Fernández Noroña. De acuerdo con el artículo 14 de la Ley Federal de Consulta Popular, una vez aceptado el aviso, deberán recabar 44,000 firmas, equivalentes al 2% del padrón electoral, para que la consulta pueda ser sometida a votación.
La pregunta propuesta para la consulta es: “¿Estás de acuerdo que existe una pérdida de confianza al gobernador de Sinaloa, por lo que es necesaria la aplicación inmediata de instrumentos constitucionales de participación ciudadana en la que se valore la permanencia del titular del Ejecutivo estatal, dado los resultados en materia de seguridad estatal y la conducción política de la entidad?”.
Fernando Gómez Montes, uno de los ciudadanos que impulsan la consulta, argumentó que la inseguridad en Sinaloa ha generado un clima de incertidumbre y temor entre la población. “Ya casi 170 días de que empezó este ‘Culiacanazo’; se han vuelto seis meses prácticamente y han sido los más estresantes de la vida en nuestra entidad”, señaló. También mencionó el aumento en delitos como robos de vehículos y desapariciones.
Por su parte, la activista Marisol Rivas destacó que el mecanismo de consulta popular es una vía legítima para que la ciudadanía se exprese. “Si el pueblo de Sinaloa decide que ha perdido la confianza y quiere que le apliquen la revocación de mandato, ellos deberían de atender lo que la ciudadanía pide”, afirmó.
En cuanto a la situación de seguridad en el estado, Gómez Montes enfatizó que la población vive bajo un clima de violencia constante. “Si le quieren llamar terrorismo, bienvenido el término, lo cierto es que lo que sí vivimos es terror porque queremos vivir la vida normal y lamentablemente no se puede”, comentó.
La solicitud será revisada por las autoridades legislativas para determinar si cumple con los requisitos legales antes de proceder con la recolección de firmas. De alcanzar el respaldo necesario, la consulta podría convertirse en el primer paso para evaluar la permanencia del gobernador en el cargo.
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