El gobierno de Sinaloa informó que, desde septiembre hasta este lunes, se han registrado mil 119 casos de privación ilegal de la libertad en la entidad, de los cuales 393 personas fueron encontradas con vida, mientras que 726 continúan desaparecidas.
El secretario general de Gobierno, Feliciano Castro Meléndrez, dio a conocer estas cifras durante la conferencia semanal del gobernador Rubén Rocha Moya, quien no estuvo presente en esta ocasión. Castro Meléndrez reconoció que la violencia en el estado no ha sido controlada, pero aseguró que las autoridades continúan trabajando en una estrategia conjunta con el gobierno federal.
Sinaloa atraviesa cinco meses de violencia, derivada del enfrentamiento entre facciones del Cártel de Sinaloa, tras la entrega de Joaquín Guzmán López al gobierno de Estados Unidos y el presunto secuestro de Ismael «El Mayo» Zambada. Estos hechos han intensificado la crisis de seguridad en el estado.
“Ciertamente, cursamos la situación de violencia e inseguridad que no ha sido superada, no obstante, hay que señalar dos cosas muy importantes: reiterar nuestra solidaridad con las familias que se han visto agraviadas con la pérdida de seres queridos a partir de muertes impuestas por la violencia y, por otro lado, la implementación de la estrategia de la seguridad”, declaró Castro Meléndrez.
El funcionario también señaló que los familiares de las víctimas reciben atención por parte de la Subsecretaría de Derechos Humanos y la Comisión de Víctimas, con el fin de brindar apoyo y seguimiento a los casos de desaparición.
De acuerdo con la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, este domingo se registraron ocho homicidios en distintos puntos del municipio de Culiacán, lo que llevó a la apertura de seis carpetas de investigación. Además, se recibió una denuncia por privación ilegal de la libertad en la misma localidad.
Las autoridades estatales han reiterado su compromiso de continuar con los operativos de seguridad y coordinación con las fuerzas federales para reducir la incidencia de estos delitos. Sin embargo, el número de personas desaparecidas sigue siendo una preocupación central para la población y organizaciones de derechos humanos.
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