El Gobierno de México reveló irregularidades graves en el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) durante 2012, cuando despachos legales ejecutaron juicios masivos en contra de 373 mil derechohabientes, lo que derivó en que 249 mil perdieran la propiedad de sus viviendas. Este esquema, calificado como fraudulento, generó pagos por 29 mil 263 millones de pesos (mdp) a los despachos involucrados.
En la conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que se presentarán denuncias penales ante la Fiscalía General de la República (FGR) para investigar y sancionar a los responsables. «Se siguen presentando denuncias. En algunos casos se entregan nombres a la Fiscalía, en otros se solicita una revisión integral para identificar a los responsables», señaló Sheinbaum.
El director general del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, detalló que los despachos no notificaron a los acreditados, incluyeron a personas sin problemas de pago y demandaron a trabajadores en estados diferentes a su residencia. Más del 80% de los casos, equivalentes a 302 mil derechohabientes, fueron demandados en entidades ajenas a su domicilio, como Coahuila, Jalisco y Baja California.
De los 249 mil derechohabientes que perdieron sus viviendas, 42 mil propiedades fueron subastadas y 207 mil aún no han sido escrituradas debido a irregularidades. Romero Oropeza destacó que, a pesar de estas anomalías, los despachos recibieron más de 29 mil mdp entre 2012 y 2018. Entre los principales señalados se encuentra el despacho GABSSA, que recibió más de 2 mil mdp, y ACSER, que obtuvo 103 mdp bajo prácticas corruptas.
En el marco de la actual administración, se logró detener juicios irregulares contra 63 mil 444 trabajadoras y trabajadores en 2024. Estos casos seguían el mismo esquema fraudulento, afectando principalmente a derechohabientes de Puebla, Estado de México y Tamaulipas. El 96% de los juicios correspondían a créditos fuera de la Ciudad de México.
Sheinbaum instruyó al Infonavit a resarcir los daños y fortalecer las acciones legales contra despachos, notarios y funcionarios judiciales involucrados. «Se continuará trabajando para proteger los derechos de las y los trabajadores y evitar la repetición de estos abusos», concluyó Romero Oropeza.
Paralelamente, el Programa Nacional de Vivienda para el Bienestar prevé construir más de 50 mil viviendas en 2025, con 318 predios disponibles que representan 2 mil 769 hectáreas de reserva territorial. La meta incluye 86 mil nuevas viviendas en todo el país, fortaleciendo el acceso a una vivienda digna para miles de familias.
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