El gobierno de Donald Trump ha comenzado este martes un amplio programa de redadas migratorias, según anunció Tom Homan, el nuevo encargado de la frontera. Estas acciones, ejecutadas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), incluyen operativos en escuelas, hospitales e iglesias.
Homan señaló que los agentes están preparados para «aplicar la ley como se debe». Durante su mandato previo, Trump criticó las políticas migratorias de su sucesor, Joe Biden, a pesar de que bajo su administración se registraron más deportaciones que en el primer período de Trump, según datos de ICE.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) confirmó que las redadas ya no estarán limitadas por restricciones anteriores. Un comunicado señaló que los operativos se centrarán en «detener a quienes han ingresado ilegalmente al país», permitiendo acciones en lugares que antes se consideraban fuera del alcance, como iglesias y hospitales.
Homan aclaró que las prioridades serán personas con antecedentes penales, pero subrayó que «nadie está fuera de consideración». Documentos filtrados a medios sugieren que ciudades como Chicago, Illinois, y San Antonio, Texas, son objetivos iniciales.
Chicago, considerada una «ciudad santuario» por no cooperar con ICE, podría enfrentar desafíos adicionales. Mientras tanto, en San Antonio, funcionarios como el congresista Greg Casar han compartido información para que las personas sepan cómo reaccionar ante una redada. Entre las recomendaciones está exigir identificación oficial de los agentes y no firmar documentos sin la presencia de un abogado.
La administración Trump también eliminó medidas como la aplicación CBP One, que facilitaba procesos legales de migración, y declaró una «emergencia» en la frontera con México. Estas decisiones apuntan a un endurecimiento significativo de las políticas migratorias bajo el nuevo mandato.
Grupos defensores de los derechos humanos, como la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), han emitido guías para que los migrantes conozcan sus derechos, mientras que organizaciones civiles han comenzado a responder con demandas contra las nuevas medidas.
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