El Senado de Estados Unidos debatirá esta semana la Ley Laken Riley, el primer proyecto de inmigración impulsado por Donald Trump durante su segundo mandato. Esta iniciativa, que ya fue aprobada por la Cámara de Representantes, busca endurecer las políticas migratorias y ha generado controversia por la posibilidad de detenciones indiscriminadas de indocumentados.
La ley, nombrada en memoria de Laken Riley, una joven asesinada en 2024 por un inmigrante venezolano, obligaría a las autoridades migratorias a detener a indocumentados acusados o sospechosos de delitos como robo, incluso si no se ha comprobado su culpabilidad. Además, permitiría a los estados demandar al Gobierno federal por una amplia variedad de políticas migratorias, limitando la capacidad del Ejecutivo de establecer lineamientos en esta materia.
La Cámara Alta, que cuenta con una mayoría republicana, prevé un apoyo significativo a la iniciativa. La semana pasada, 84 senadores, incluidos 31 demócratas, votaron a favor de avanzar el proyecto a debate. Entre los demócratas que respaldan la medida se encuentra el senador por Arizona Rubén Gallego, quien señaló que la ley busca prevenir crímenes como el de Riley. “Debemos dar a las fuerzas del orden los medios para actuar cuando los inmigrantes ilegales violan la ley”, afirmó en un comunicado.
El proyecto de ley también ha recibido críticas de organizaciones defensoras de derechos civiles y migrantes. La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) advirtió que la ley podría fomentar la discriminación racial al castigar delitos no violentos y eliminar el debido proceso. La Coalición de Inmigración de Nueva York denunció que la legislación permitiría la deportación de inmigrantes indocumentados sin juicios justos, incluso por delitos menores como hurtos en tiendas.
Los activistas temen que esta medida otorgue un poder excesivo a funcionarios estatales, como el fiscal general de Texas, Ken Paxton, para perseguir a inmigrantes, independientemente de que hayan cometido delitos graves. Miguel Tinker Salas, experto en política migratoria, señaló que el proyecto refleja un endurecimiento en las políticas demócratas, quienes, según él, “han cedido ante la retórica de criminalizar a los inmigrantes”.
Aunque los defensores de los inmigrantes esperan que el presidente saliente Joe Biden vete la ley, creen que los republicanos podrían retrasar su aprobación para que sea firmada por Trump tras asumir el poder. El senador Alex Padilla, de California, ha expresado su rechazo al proyecto, argumentando que las leyes actuales ya permiten la deportación de inmigrantes responsables de delitos violentos.
Si la ley es aprobada, se convertiría en el primer triunfo legislativo de Trump en su segundo mandato, marcando un cambio significativo en la política migratoria de Estados Unidos y aumentando las tensiones entre las organizaciones defensoras de derechos y el Gobierno.
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