El gobierno de Claudia Sheinbaum inició este lunes una reunión en Palacio Nacional para planificar la respuesta ante las posibles deportaciones masivas anunciadas por Donald Trump, quien asumirá la presidencia de Estados Unidos el próximo 20 de enero. Este encuentro, encabezado por la mandataria, busca definir las medidas a implementar para atender a los migrantes deportados.
Desde la 1:00 de la tarde, integrantes del gabinete legal y ampliado comenzaron a llegar al recinto presidencial. Entre los asistentes se encuentran Omar García Harfuch, secretario de Seguridad; Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación; Zoé Robledo, director del IMSS; Ariadna Montiel, secretaria del Bienestar; Marath Bolaños, titular de la Secretaría del Trabajo; Sergio Salomón Céspedes, próximo director del Instituto Nacional de Migración, e Iván Escalante, procurador Federal del Consumidor.
La reunión responde a las promesas de campaña de Trump, quien ha reiterado su intención de deportar a migrantes que no cuenten con residencia legal en Estados Unidos. Estas medidas podrían afectar tanto a mexicanos como a personas de otras nacionalidades que actualmente residen en el país vecino.
Según fuentes cercanas al gobierno, se busca coordinar esfuerzos entre diversas dependencias para garantizar la atención a los deportados, con énfasis en programas de empleo, salud y bienestar social. También se espera que se discutan estrategias para facilitar la reintegración de los migrantes a sus comunidades de origen y mitigar el impacto económico que estas deportaciones puedan generar.
La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, señaló anteriormente que la administración de Sheinbaum está comprometida con proteger los derechos de los migrantes, independientemente de su situación legal. “Es una prioridad garantizar que quienes regresen al país tengan acceso a los servicios básicos y a oportunidades de desarrollo”, afirmó.
Organizaciones de defensa de derechos humanos han expresado preocupación por las posibles consecuencias de estas políticas migratorias. Según estimaciones, millones de migrantes indocumentados en Estados Unidos podrían enfrentarse a procesos de deportación, lo que generaría una crisis humanitaria tanto en territorio estadounidense como en los países receptores.
El gobierno mexicano aún no ha anunciado detalles concretos sobre las medidas que implementará, pero se prevé que en los próximos días se den a conocer los acuerdos alcanzados durante la reunión. La coordinación con gobiernos estatales y municipales será clave para enfrentar los retos derivados de esta situación.
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