El Instituto Nacional Electoral (INE) contempla solicitar una ampliación presupuestal a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para llevar a cabo la elección judicial del 1 de junio de 2025. Esto se debe al recorte del 33% en su presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados, lo que pone en riesgo la organización del proceso electoral.
Guadalupe Taddei Zavala, consejera presidenta del INE, informó en conferencia de prensa que, debido al recorte, el instituto reducirá el número de casillas instaladas para la elección de ministros de la Suprema Corte, magistrados y jueces. En lugar de 172 mil casillas, se prevé habilitar cerca de 80 mil centros de votación, similar a lo ocurrido en la consulta de Revocación de Mandato de 2022.
“Habremos de tocar las puertas nuevamente (…) para que se nos haga una aplicación presupuestal si así se requiere. No dejará el Instituto de hacer absolutamente ningún esfuerzo por cumplir con este mandato constitucional”, declaró Taddei Zavala. Añadió que el INE tendrá que ajustar la contratación de personal para capacitar a los funcionarios de casilla.
La consejera presidenta explicó que la reducción afectará la cercanía de los centros de votación para los ciudadanos. “En lugar de tener tu casilla a una cuadra, la vas a tener a 10 cuadras o a cinco (…) En lugar de tener casillas con 750 electores, tal vez tengas una casilla con mil 500, con dos mil, con tres mil”, señaló.
Arturo Castillo, consejero del INE, criticó que la discusión del presupuesto no fue tratada con la seriedad necesaria y llamó a la corresponsabilidad de los poderes de la Unión para garantizar el éxito del proceso electoral. “Todas las autoridades tienen un papel en la implementación de esta reforma (…) Esto le conviene al país”, expresó.
El recorte presupuestal también impactará en la contratación de más de 50 mil supervisores y capacitadores electorales. La reestructuración obligará al INE a replantear sus operaciones para ajustarse a los recursos disponibles.
El Consejo General del INE deberá aprobar su nuevo presupuesto en diciembre o durante la primera semana de enero. La petición de recursos adicionales dependerá del análisis de las necesidades operativas para cumplir con el mandato constitucional.
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