La Diputada Tania Larios Pérez, coordinadora del Grupo Parlamentario del PRI en el Congreso de la Ciudad de México, presentó una proposición de urgente y obvia resolución, solicitando que el juez de control Francisco Salazar Silva valide las pruebas en el caso de Diego “N”. Este caso involucra a un estudiante del Instituto Politécnico Nacional (IPN) acusado de crear y comercializar contenido sexual no consensuado utilizando inteligencia artificial. Larios demandó que se apliquen de manera efectiva la Ley Olimpia y las normativas relacionadas con la violencia digital, que sancionan la difusión de contenido íntimo sin consentimiento.
El caso de Diego “N” ha atraído la atención pública tras las acusaciones de que utilizó tecnologías avanzadas para elaborar y distribuir más de 166 mil imágenes y 20 mil videos de mujeres en situaciones comprometedoras. A pesar de la cantidad de pruebas presentadas, el juez Salazar Silva absolvió al acusado el 4 de diciembre, al argumentar que no había pruebas contundentes para sustentar los cargos. Esta decisión ha generado indignación entre organizaciones de derechos humanos y colectivos feministas, quienes consideran que representa una omisión de justicia hacia las víctimas de violencia digital.
Larios Pérez subrayó que la absolución es un reflejo de las deficiencias en el sistema judicial y la falta de preparación para enfrentar los delitos digitales en el país. La diputada destacó que este tipo de violencia no solo afecta la dignidad de las mujeres, sino que también pone en riesgo su seguridad y bienestar. En su proposición, Larios reiteró que es imperativo que el sistema judicial proteja los derechos de las víctimas de violencia de género y les garantice el acceso a la justicia de manera efectiva.
La Ley Olimpia, que busca sancionar la difusión no consentida de contenido sexual, debe ser aplicada con mayor rigor, afirmó Larios. En su intervención, la diputada recordó que el Estado tiene la responsabilidad de velar por la integridad de las mujeres y garantizar que los agresores sean sancionados conforme a la ley. Resaltó que esta legislación debe ser implementada de forma coherente con los compromisos internacionales de México, como la Convención de Belém do Pará, que obliga a los países a tomar medidas eficaces para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.
Larios también hizo un llamado a las autoridades para que se priorice la protección de las mujeres y se actúe con diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia digital. La diputada enfatizó que los casos como el de Diego “N” no solo evidencian fallos en el sistema de justicia, sino que envían un mensaje preocupante a las víctimas, que pueden sentirse desprotegidas y desilusionadas al ver cómo se desestiman sus denuncias.
La resolución del caso de Diego “N” ha generado un fuerte debate sobre la eficacia de las políticas públicas en materia de seguridad y derechos humanos, particularmente en el ámbito de la violencia digital. Las organizaciones de derechos humanos continúan demandando reformas urgentes al marco legal para abordar estos delitos de manera integral y proteger a las mujeres en un entorno digital cada vez más vulnerable.
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