La diputada Lilia Aguilar Gil, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (GPPT), presentó una propuesta de reforma a los artículos 4° y 115 de la Constitución Política, con el objetivo de asegurar que el acceso al agua no pueda ser restringido en su totalidad bajo ninguna circunstancia. La propuesta busca garantizar que los ciudadanos puedan acceder al agua como un derecho humano fundamental.
En su intervención en el Pleno, Aguilar Gil, representante por Chihuahua, subrayó que el acceso al agua debe ser considerado un derecho inalienable y que no debe depender de la capacidad económica de las personas. “No vamos a permitir que administraciones de la oposición cobren los servicios básicos y no vamos a permitir que dejen a las personas sin lo más mínimo: el agua”, afirmó la diputada.
La congresista destacó que, en lugares como Ciudad Juárez, han ocurrido casos en los que a las personas que no pueden pagar el servicio de agua se les corta el suministro y, en algunos casos, se les exige una multa para restablecer el servicio. Aguilar Gil criticó lo que consideró una persecución de los ciudadanos más vulnerables que, por no poder pagar, se ven privados de un derecho fundamental.
En relación con su propuesta, la diputada explicó que la reforma planteada garantizaría que el agua se considere un derecho humano, lo que impediría el corte del servicio, así como intentos de embargar bienes inmuebles o perseguir a las personas por no poder cubrir sus deudas relacionadas con este servicio.
La legisladora también hizo un llamado a la acción, señalando que su bancada busca una solución a los problemas estructurales que enfrenta la población en cuanto al acceso al agua en diversas partes del país. “Es necesario refrendar que este es un gobierno humanista”, concluyó la diputada Lilia Aguilar, asegurando que su grupo parlamentario defenderá el acceso al agua para todos los mexicanos.
La iniciativa aún está en discusión y deberá ser analizada en comisiones antes de ser sometida a votación en el Congreso. La propuesta de reforma busca establecer medidas claras que garanticen el acceso continuo al agua para todas las personas, independientemente de su situación económica.
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