El Senado de la República declaró válida la reforma al artículo 19 constitucional que amplía el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa. Entre los nuevos delitos incluidos destacan la extorsión, el tráfico de fentanilo y el uso de comprobantes fiscales falsos. La decisión fue respaldada por la aprobación de 20 congresos locales, lo que cumple con el requisito constitucional para su entrada en vigor.
Los legisladores realizaron el cómputo de votos de las entidades que avalaron la reforma, entre ellas Baja California, Campeche, Chiapas, Durango, Oaxaca, Veracruz y la Ciudad de México. Con este paso cumplido, el decreto fue enviado a la presidenta Claudia Sheinbaum para su promulgación en el Diario Oficial de la Federación.
La reforma, aprobada en el Senado el pasado 28 de noviembre, mantiene fuera del catálogo delitos como el narcomenudeo y la defraudación fiscal, que inicialmente habían sido propuestos por Morena. Sin embargo, la inclusión de nuevos ilícitos busca atender problemáticas críticas como el tráfico de fentanilo y el impacto de la delincuencia económica.
Desde su creación en 2008, el catálogo de prisión preventiva oficiosa surgió como una medida de consenso en el contexto de la lucha contra el narcotráfico impulsada durante el gobierno de Felipe Calderón. En aquel momento, incluyó cinco delitos graves como delincuencia organizada, secuestro y homicidio doloso. Con esta nueva ampliación, la lista suma ahora 22 ilícitos, reflejando los cambios en las prioridades de seguridad y justicia en los gobiernos actuales.
Además de los nuevos delitos incorporados, la Constitución establece prisión preventiva oficiosa para casos como feminicidio, trata de personas, corrupción por enriquecimiento ilícito, robo de hidrocarburos y delitos cometidos con armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. Estas medidas buscan garantizar la detención inmediata de los responsables y prevenir riesgos adicionales a la sociedad.
Críticos de la medida advierten sobre los riesgos de un uso excesivo de la prisión preventiva, señalando posibles violaciones a los derechos humanos y al principio de presunción de inocencia. Sin embargo, defensores aseguran que este tipo de disposiciones son necesarias para frenar delitos de alto impacto que afectan directamente a la seguridad y la economía del país.
Recibe esta y mucha más información a través de Whatsapp. Envía un ‘Hola’ aquí.
Información relacionada
Descubre más desde
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.