La presidenta Claudia Sheinbaum reafirmó este viernes su compromiso con el programa social Jóvenes Construyendo el Futuro, argumentando que su inclusión en la Constitución es esencial para ofrecer alternativas de desarrollo a jóvenes en situación vulnerable. La iniciativa, creada durante la administración de Andrés Manuel López Obrador, ha recibido un presupuesto acumulado de 135 mil millones de pesos en sus primeros seis años.
El programa, dirigido a personas de entre 18 y 29 años que no estudian ni trabajan, permite su capacitación en empresas privadas mientras el gobierno cubre un salario mínimo mensual. Según Sheinbaum, esta estrategia es crucial para alejar a los jóvenes de actividades ilícitas y ofrecerles una salida de contextos de violencia.
“Va a estar en toda la República, pero particularmente en zonas donde queremos que este programa sea una opción distinta de vida para jóvenes cercanos a involucrarse en grupos delictivos o que ya están involucrados y necesitan una salida”, señaló la mandataria en su conferencia de prensa.
Por su parte, el secretario del Trabajo y Previsión Social, Marath Bolaños, destacó los avances del programa. Desde su inicio, ha beneficiado a casi tres millones de jóvenes, quienes han recibido capacitación laboral en centros de trabajo previamente verificados. El gobierno asegura que se han implementado mecanismos para supervisar que las empresas cumplan con las capacitaciones y que los registros se mantengan actualizados.
“El programa realiza visitas de verificación constantes para garantizar que los centros de trabajo sigan operando y cumplan cabalmente con la capacitación ofrecida a los jóvenes”, afirmó Bolaños.
El titular de la STPS también anunció que el registro para nuevos beneficiarios abrirá este domingo 1 de diciembre, con la meta de incorporar a 90 mil jóvenes más. Esta expansión busca reforzar el impacto del programa en comunidades afectadas por el desempleo juvenil y la inseguridad.
Sheinbaum enfatizó que Jóvenes Construyendo el Futuro no solo es una política social, sino una herramienta para garantizar el derecho al trabajo y mejorar el bienestar de los mexicanos más jóvenes. Sin embargo, críticos han señalado la falta de evidencia que respalde su impacto en la reducción de la delincuencia, algo que el gobierno asegura seguirá monitoreando.
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