La presidenta Claudia Sheinbaum justificó este viernes la reforma constitucional aprobada por el Senado que elimina la existencia de siete organismos autónomos, incluidos contrapesos clave como el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública (INAI) y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), cuyas funciones serán absorbidas por dependencias del Ejecutivo.
Sheinbaum aseguró que esta reforma es un paso necesario para erradicar la corrupción y los privilegios en el aparato gubernamental. “Ahora dicen que los organismos autónomos es quitar pluralidad, que va a haber un gobierno autoritario. Claro que se va a seguir regulando, pues esa es una de las grandes tareas del Estado, pero con una visión completamente distinta, para acabar con la corrupción y los privilegios”, afirmó durante su conferencia matutina.
La presidenta criticó especialmente a la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), acusándola de proteger intereses empresariales en detrimento de las empresas estatales. “Los organismos autónomos no se crearon para acabar con los monopolios privados. ¿Qué ha cambiado? Nada. Eran para evitar que las empresas del Estado, particularmente Pemex y la Comisión Federal de Electricidad, fueran reconocidas como empresas públicas. Cofece se ha dedicado a parar a las empresas públicas”, aseveró.
Según Sheinbaum, la reforma busca recuperar la rectoría del Estado en diversas actividades estratégicas, aunque aclaró que esto no implica excluir la inversión privada. “Lo que estamos recuperando es una visión en donde sí tiene que haber inversión privada, inversión extranjera directa, pero el Estado está recuperando su papel rector. Las empresas públicas no pueden considerarse monopolios, son del pueblo”, puntualizó.
La eliminación de los órganos autónomos ha generado un fuerte debate en diversos sectores. Mientras el gobierno argumenta que estos entes representaban gastos innecesarios y favorecían intereses privados, críticos señalan que su desaparición debilita la transparencia, la competencia económica y los derechos ciudadanos, como el acceso a la información.
En este contexto, especialistas advierten que el traspaso de funciones al Ejecutivo podría generar conflictos de interés y menor independencia en la toma de decisiones. Por ejemplo, en el caso del INAI, la integración de sus tareas a una secretaría de Estado podría limitar la vigilancia efectiva del gobierno en temas de transparencia y acceso a datos públicos.
Pese a la controversia, Sheinbaum defendió la medida como una transformación estructural que fortalecerá las instituciones públicas. “Lo que hacemos no es debilitar al Estado, sino devolverle su fortaleza y capacidad de actuar por el bien común”, concluyó.
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