El pasado 4 de noviembre, Alejandro Armenta, gobernador electo de Puebla, presentó ante el Congreso local la propuesta de una nueva Ley de Administración Pública para el Estado de Puebla (LOAPEP), inspirada en el Humanismo Mexicano y en los principios de justicia social promovidos por la Presidencia de la República. La iniciativa fue aprobada recientemente, marcando un cambio en la estructura administrativa estatal.
Durante la presentación, Armenta subrayó que la nueva normativa busca reconocer y valorar a las minorías, al tiempo que prioriza el desarrollo local. Según el gobernador electo, el objetivo principal es que todas las comunidades del estado se sientan representadas y respetadas, sin importar su tamaño o ubicación geográfica. “Cada comunidad debe sentirse parte de un Estado que respete su identidad, cultura y derechos”, señaló.
El enfoque de la propuesta se alinea con los principios de justicia social promovidos por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Armenta enfatizó que su gobierno adoptará una visión municipalista, priorizando la conexión directa con los municipios y respetando su autonomía como base para impulsar el desarrollo regional.
Una de las metas principales de la reforma es garantizar una administración eficiente y austera. Armenta declaró que el gobierno estatal debe enfocarse en servir a la ciudadanía, optimizando recursos para maximizar los beneficios sociales. “No puede haber pueblo pobre, con gobierno rico”, afirmó, comprometiéndose a una gestión cercana a las necesidades de la población.
El humanismo, explicó Armenta, será un eje rector de la administración pública estatal, asegurando que todas las personas tengan acceso igualitario a sus derechos. Además, indicó que este enfoque reforzará la capacidad del gobierno para atender las prioridades de los sectores más vulnerables del estado.
Con esta nueva legislación, Puebla busca sentar las bases para un modelo de desarrollo regional basado en la inclusión y el respeto a las diferencias culturales y sociales. La administración entrante será evaluada en los próximos meses por su capacidad para traducir estos principios en acciones concretas que beneficien a la población.
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