El Colegio de Abogados de la Ciudad de Nueva York expresó su preocupación por la reciente reforma aprobada en México, que elimina diversos órganos autónomos y transfiere sus funciones al Poder Ejecutivo. La medida, impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y respaldada por la actual presidenta Claudia Sheinbaum, ha generado un debate nacional e internacional sobre sus implicaciones en la transparencia, la rendición de cuentas y el fortalecimiento democrático.
La reforma, avalada por el Congreso mexicano la semana pasada, afecta a instituciones como el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE), entre otras. Estas instituciones, creadas durante la transición democrática del país, han desempeñado un papel clave en la protección de derechos fundamentales, la regulación de mercados y la promoción de la transparencia.
De acuerdo con el Colegio de Abogados, esta decisión podría socavar los principios democráticos al centralizar funciones críticas en el Poder Ejecutivo. Además, señalaron posibles conflictos con compromisos internacionales como el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), que exige la existencia de organismos autónomos en áreas como la competencia económica y la transparencia.
La justificación oficial para esta reforma incluye el argumento de reducir costos y eliminar duplicidades administrativas. Según López Obrador, la eliminación de los órganos autónomos podría representar un ahorro anual de hasta 100 mil millones de pesos. Sin embargo, organizaciones nacionales e internacionales han advertido sobre los riesgos de que decisiones técnicas sean influenciadas por intereses políticos.
El INAI, por ejemplo, ha sido fundamental en la garantía del acceso a la información y la protección de datos personales. Desde su creación, ha resuelto miles de quejas por falta de transparencia y ha promovido el acceso a información gubernamental clave. Otras instituciones afectadas, como el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), también han desempeñado un papel crítico en la regulación de sectores estratégicos como telecomunicaciones y energía.
Expertos y actores de la sociedad civil han alertado que la eliminación de estos órganos pone en riesgo avances logrados en las últimas décadas, como la protección contra monopolios y la independencia en la evaluación de políticas públicas. Además, consideran que la medida podría disminuir la confianza en las instituciones mexicanas, impactando tanto a nivel nacional como en el ámbito internacional.
El Colegio de Abogados llamó a las autoridades mexicanas a reconsiderar esta reforma y a priorizar la preservación de mecanismos de control y balance que fortalezcan la democracia y el Estado de derecho. Advirtieron que este tipo de decisiones puede tener repercusiones negativas a largo plazo, tanto para los ciudadanos como para el desarrollo económico del país.
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